Educación da un año a los colegios para adaptar sus normas internas

La Voz SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

La prohibición general de utilizar el teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos en las aulas de Galicia entrará en vigor ya dentro de 20 días

28 ene 2015 . Actualizado a las 18:58 h.

Finalmente, los centros educativos gallegos tendrán de plazo hasta el 16 de febrero del 2016 para adaptar sus reglamentos internos al decreto de convivencia y participación en las aulas, una norma aprobada por el Gobierno autónomo hace tres semanas «en prol da mellora do clima escolar». No obstante, algunos de los preceptos generales incluidos en ese texto ya entrarán en vigor de manera automática mucho antes: dentro de 20 días. Por ejemplo, la prohibición formal de usar el móvil y otros dispositivos electrónicos «durante os períodos lectivos», un veto que la mayoría de los colegios ya imponen actualmente en instrucciones propias. «Excepcionalmente», añade la nueva normativa, los gestores de cada instalación «poderán establecer normas para a correcta utilización [de móbiles, tabletas, ordenadores e similares] como ferramentas pedagóxicas».

A través del Diario Oficial de Galicia (DOG), la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria hizo público ayer este decreto. Ahí, el departamento que dirige Jesús Vázquez concede seis meses a cada centro para crear las denominadas comisiones de convivencia, que serán las encargadas, por delegación de los consejos escolares, de elaborar los planes de convivencia para cada recinto, de realizar un seguimiento de su aplicación y de adoptar las medidas preventivas «necesarias para garantir os dereitos de todos os membros da comunidade educativa». Asimismo, entre otras funciones, habrán de fomentar «actitudes» que garanticen la igualdad de género y de trato, amén de la resolución «pacífica» de los conflictos que se puedan generar.

La vestimenta

Ya en el plazo de un año, todos los centros también deberán elaborar unas normas de convivencia o adaptar las existentes. Podrán incluir en ellas «previsións sobre a vestimenta do alumnado no centro ou a maneira de presentarse neste, orientadas a garantir que non atenten contra a súa dignidade, non supoñan unha discriminación por razón do sexo ou un risco para a súa saúde ou integridade persoal ou non impidan ou dificulten a normal participación do alumnado nas actividades educativas».

No obstante, el decreto ya recoge en su extenso articulado lo que debe entenderse por faltas leves y graves. Entre estas últimas, destaca una que consiste en la «gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar, e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa». Comparte consideración con otras infracciones como la falsificación, alteración o sustracción de documentos académicos o los actos individuales o colectivos de desafío a la autoridad del profesorado y del personal de administración y de servicios «que constitúan unha indisciplina grave».

El procedimiento conciliado

Entre los preceptos del nuevo decreto que entrarán en vigor automáticamente dentro de 20 días figura también el establecimiento de un mecanismo para la resolución de conflictos que se llama procedimiento conciliado. Pensado para casos de conductas «gravemente prexudiciais», constituye una apuesta por el diálogo y la implicación del alumno y su familia en la corrección de comportamientos. Eso sí, deja a los agraviados la posibilidad de veto.