El juez plantea la posible prescripción de los abusos sexuales a menores por curas de Granada
ESPAÑA
El juez de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno, levantó ayer el secreto de sumario que pesaba sobre la investigación de supuestos abusos sexuales a menores por parte de doce imputados, la mayoría sacerdotes, en un auto en el que plantea la posibilidad de que algunos de los delitos hayan prescrito.
En el auto, el juez concede a las partes un plazo de diez hábiles a fin de que, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido hasta que se interpuso la denuncia, informen sobre la posible prescripción de cada uno de los hechos atribuibles a cada imputado para así delimitar la continuación del proceso.
Para el instructor, los hechos son susceptibles de infracciones penales por comisión de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en sus formas de agresiones, abusos o exhibicionismo.
También considera que serían aplicables las agravantes de prevalimiento, con diferentes grados de autorías a través de una participación necesaria, cooperación o encubrimiento, e imputables a doce personas -dos de ellas seglares-, de las que cuatro fueron detenidas en su día y puestas luego en libertad con cargos.
Los cuatro arrestados fueron el padre Román, considerado cabecilla del grupo y el único que tuvo que hacer frente a una fianza -fijada en 10.000 euros- para quedar en libertad con cargos, además de otros dos sacerdotes y un profesor de Religión.
«Trascendencia y gravedad»
El juez subraya la «gran trascendencia y gravedad» de los hechos porque los implicados son «representantes de confesión religiosa», que «lejos de ser garantes de los principios religiosos proclamados por dicha confesión y su más alto signatario, indiciariamente se podrían haber convertido en sus transgresores».
Para la defensa del padre Román y de otros tres de los imputados -los dos sacerdotes y el profesor de Religión que fueron detenidos con él-, del auto judicial no se desprende nada que no le permita seguir manteniendo la inocencia de todos ellos. Por contra, para la asociación Proderechos del Niño Prodeni, personada como acusación popular, parte de los delitos apuntados por el juez, como la agresión sexual grave, no habrían prescrito, según explicó su presidente, Juan Pedro Oliver. El primer denunciante fue un joven supernumerario del Opus Dei que hoy en día tiene 24 años.