El club lo había solicitado después de que Jorge Borrajo y otro accionista hubieran interpuesto una denuncia en la que relataban anomalías detectadas por auditores
29 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Deportivo es, desde ayer, oficialmente acusación particular en la denuncia presentada el pasado mes de noviembre por dos accionistas del club contra Augusto César Lendoiro y sus consejeros (Javier Chaver, Jesús Rebollo, Felipe Marcos, Francisco Dopico y Luis Sánchez Doporto) por varios delitos fiscales supuestamente cometidos desde el año 2008 hasta enero del 2014. Así lo ha decidido la jueza que investiga el caso al aceptar que el club que preside Tino Fernández se persone en la causa.
El Deportivo había solicitado participar en el proceso como perjudicado después de que Jorge Borrajo y otro accionista hubieran interpuesto una denuncia en la que, acompañada de un completo informe pericial, relataban una serie de anomalías detectadas por diferentes auditores y por los administradores concursales que intervinieron en el proceso del club coruñés.
El accionista denuncia que las irregularidades detectadas durante los años señalados «podrían ser constitutivas de los ilícitos penales continuados descritos en los artículos 290, 291, 292 y 293 del Código Penal español, sin perjuicio de otros eventuales ilícitos que en el curso de la investigación pudieran ser acreditados».
Borrajo sospecha, tal y como indica en el escrito de demanda que «las cuentas del Deportivo han sido supuestamente falseadas de manera continua al menos desde el ejercicio económico 2007-2008, con el objetivo de ocultar las enormes pérdidas que registraba la sociedad».
Estas maniobras y otras más denunciadas tendrían como grandes beneficiados a Lendoiro y sus consejeros. Al parecer, el dirigente blanquiazul se habría enriquecido a costa del club gracias a los acuerdos adoptados en unas juntas «en las que sistemáticamente se dudaba por muchos de los socios sobre el porcentaje real de representación que decía poseer», lo que le permitía «cobrar sumas que ascendían al 1 % del presupuesto anual aprobado de la entidad», siempre superior al finalmente ejecutado.