«Todo Viveiro sabe que actuamos de buena fe», manifiesta ante la vista del jueves
17 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, dice afrontar «con absoluta tranquilidad» el juicio oral que se celebrará el jueves, a partir de las diez de la mañana, en el Juzgado de lo Penal de Lugo, por un presunto delito de prevaricación urbanística. Para la regidora será el segundo juicio de estas características que afronta en este mandato.
Hace unos meses fue juzgada y absuelta, con Isabel Rodríguez López (concejala) y los exediles Francisco Luis Rodríguez Guerreiro, Luis Docampo Fortes y Rafael Fernández Amor, por formar parte del gobierno PSOE-BNG que entre 2006 y 2009 otorgó diez licencias de obra. Entonces, asesorados por el también acusado y absuelto Manuel Cortón Muinelo, y por informes técnico-jurídicos municipales, autorizaron licencias por una interpretación del silencio administrativo que posteriormente rebatió el Supremo. Al empezar el juicio en Lugo, los seis acusados se enfrentaban a penas de entre 15 y 45 meses de cárcel, así como de inhabilitación para cargo público. Tras dos días de juicio, el ministerio público suavizó sus peticiones. Finalmente, fueron absueltos.
Ahora el asunto a depurar es otro presunto delito de prevaricación urbanística, porque la junta de gobierno local de Viveiro, cuando María Loureiro no era regidora, sino el fallecido Melchor Roel, permitió en septiembre de 2009 ampliar la fábrica de aerogeneradores de Chavín. Se actuó así ante el riesgo de que, de no obtener la autorización, la empresa Vestas trasladase una fábrica que entonces contaba con unos 150 empleados. No solo eso, ya que eran tiempos boyantes para la firma y tenía la previsión de ampliar su plantilla en unos cincuenta operarios más.
Ahora la denuncia de un particular pone otra vez ante los tribunales a la regidora de Viveiro, pese a que ella no era la máxima autoridad municipal, pero sí integraba la junta de gobierno. Entonces, en 2009, los portavoces políticos solicitaron al pleno en un escrito que instase a la Junta de Gobierno local a dar el permiso a Vestas. Así se acordó por unanimidad, «conforme al interés social por todos los puestos de trabajo que suponían».
La fiscalía pide para Loureiro tres años de prisión y ocho de inhabilitación, además de multa, la misma pena que al resto de concejales que formaban la comisión de gobierno, por un acuerdo que en su momento respaldó toda la corporación en pleno.
Ante esta coyuntura, María Loureiro se declaraba ayer «tranquila». Y añadió: «Se tomó una determinada decisión en un momento dado y tenemos que responder por ello. Cuando tienes responsabilidades de gobierno tomas muchas decisiones, unas son más importantes que otras. En este caso fue dar una licencia, pero es que la alternativa era que Vestas cerrase».
«Voy al juicio con la conciencia tranquila. Es lógico. Cuando estás convencida de que lo que hiciste fue por el bien del pueblo... iré al juicio tranquila, Será lo que el juez decida, pero ninguno de nosotros se llevó algo con esta decisión. Todo lo hicimos pensando en el bien de Viveiro. Creo, además, que socialmente la gente nos apoya. Que todos en Viveiro tienen muy claro por qué se dio la licencia».
Sobre este aspecto, señalar que ayer se comentaba por Viveiro la posibilidad de que se estuviese preparando algún tipo de acto para visualizar el apoyo de los trabajadores de Vestas a Loureiro y al resto de implicados, ante el trance judicial que afrontarán el jueves.
Juicio también para Isabel Rodríguez, Cal y los exediles Fernández Amor y Olga Méndez
Además de María Loureiro, en el juicio también serán juzgados su actual primer teniente de alcalde, Jesús Fernández Cal; la concejala Isabel Rodríguez, y a los exediles Rafael Fernández Amor y Olga Méndez. El fiscal les atribuye haber cometido un presunto delito contra la ordenación del territorio por conceder el permiso en suelo rústico, donde están prohibidas las instalaciones industriales.