Las actualizaciones del IBI hasta el 2012 pueden suponer un mazazo
10 mar 2017 . Actualizado a las 21:08 h.Entre los años 2013 y 2016 el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Catastro, desarrolló en toda España (salvo Navarra y el País Vasco) un procedimiento de regularización para incorporar al catastro inmobiliario aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, así como las alteraciones de sus características que no hubieran sido notificadas por sus propietarios ante tal organismo.
La regularización catastral se dejó sentir especialmente en 2015 y 2016 en miles de hogares mariñanos que ya en esos ejercicios debieron pagar recibos del impuesto de bienes inmuebles (IBI) actualizados. Fue durante esos años cuando cientos de propietarios tuvieron que abonar la famosa tasa de regularización catastral (60 euros por cada bien).
Aquella fue solo la primera fase del conocido como catastrazo, ya que es ahora cuando empiezan a llegar a diferentes municipios de la comarca, como constataron al menos desde la Diputación Provincial y también los regidores de Ribadeo y Trabada, nuevos recibos que reclaman al ciudadano el pago de las actualizaciones de la contribución, es decir, la diferencia entre lo que abonaron de IBI por una propiedad y lo que realmente, y conforme al valor actualizado, tendrían que haber pagado. Hacienda les reclama con carácter retroactivo y puede hacerlo hasta cuatro años hacia atrás, es decir, hasta el 2012.
Los primeros en recibir el cobro de atrasos fueron vecinos de varios municipios chairegos. En ellos, como en A Mariña, los importes que reclama el Gobierno central son de cuantías muy diferentes, atendiendo al tipo y al valor de la propiedad. Pero hay casos de vértigo, golpes difíciles de encajar en muchos hogares.
Facilidades
Para evitar situaciones de desamparo, la Diputación lucense aprobó en días pasados una nueva ordenanza reguladora de gestión, recaudación e inspección de ingresos de derecho público que, entre otras novedades, permite al ciudadano tramitar una solicitud para fraccionar el pago de varios impuestos.