Anulada la unificación de las flotas de Gran Sol y del Golfo de Vizcaya

La Audiencia Nacional tumba la gestión conjunta para barcos de más y menos de 100 toneladas

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Viveiro/ La Voz 19/04/2017 21:56 h

Por carecer del «dictamen preceptivo del Consejo de Estado», la Audiencia Nacional ha anulado la unificación de las flotas españolas de Gran Sol y del Golfo de Vizcaya. Estima un recurso de la asociación asturiana de armadores Arpacan contra el cambio del modelo de gestión que decidió la Secretaría General de Pesca en agosto del 2014. Afecta a alrededor de 95 pesqueros, unos quince de menos de 100 toneladas de registro bruto y ochenta de mayor porte, más de la mitad con base en Celeiro, Burela y  Vigo

La organización Arpacan representa a siete buques de menos de 100 toneladas. El resto de asociaciones del sector acataron la unión de censos y la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, que representa a la otra mitad de los barcos españoles de menos de 100 toneladas, pidió expresamente a la Audiencia Nacional que no atendiese la demanda de la asturiana Arpacan. 

Acaba de trascender un falllo de la Audiencia Nacional que tumba las reglas de juego que desde hace casi tres años modificaron la gestión de las cuotas con las que cuenta España en los caladeros comunitarios de Gran Sol y del Golfo de Vizcaya. Para los barcos de más de 100 toneladas significa que quedan en el aire las cuotas y derechos que compraron a los de menor porte. Para los de menos de 100 toneladas, todos palangreros de fondo, representa una vuelta al pasado porque sus opciones de capturar merluza en el Golfo de Vizcaya se rigen de nuevo por días y esfuerzo, no por cuotas individuales, como para los de Gran Sol. 

La sentencia de la Audiencia Nacional fue comunicada este martes. Desde entonces se suceden las reacciones en las distintas organizaciones de armadores afectadas y en la Secretaría General de Pesca, que ha sido condenada a pagar las costas del litigio contencioso-administrativo. Públicamente aún no hay pronunciamientos, aunque, entre otras cuestiones, se plantean posibles responsabilidades patrimoniales derivadas de las transferencias y compras de cuotas entre barcos del censo hasta ahora unificado.

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