Viveiro reclama 1.318.073 euros por daños y perjuicios de las obras de O Celeiriño

VIVEIRO

Ayer comenzó el juicio contra las empresas y técnicos demandados

07 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El magistrado Pablo Muñoz, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Viveiro, presidía ayer la maratoniana jornada de toma de declaraciones celebrada con motivo del juicio que impulsa el Concello de Viveiro para reclamar 1.318.073 euros en concepto de daños y perjuicios sufridos a raíz de las obras de O Celeiriño. Un edificio de 33 viviendas situado en el puerto de Celeiro para el cual otorgó el Concello licencia en 2007, con informes técnicos favorables, al igual que los obtuvo el proyecto de ejecución de obra.

La demanda va dirigida contra Inmo Xerión S.L, promotora de las obras; contra Euromontaxes Profesionales S.L., encargada de instalar la viga celosía que cedió y provocó el desalojo de varias familias, contra la constructora Rebigal (en concurso de acreedores), contra Hermanos Pigueiras, la empresa que hizo la excavación del edificio (en rebeldía), y contra los técnicos: Javier Nogueiras Mascareñas, arquitecto y director de obra, Maria Cruz Otero Díaz, arquitecta técnica en la fase de ejecución de obras y José Manuel Quinta Novo, arquitecto técnico.

Las obras del edificio comenzaron a dar problemas a poco de iniciarse. Según el demandante, en febrero de 2008 Inmo Xerión solicita en el Concello el inicio expediente de ruina de los edificios Golondrina 1 y Porto 21, al presentar grietas en sus fachadas, que amenazaban derrumbe. En esa solicitud informan que se está procediendo a consolidar la calle Atalaya con un muro anclado que garantice la estabilidad y el firme de la calle. Los técnicos municipales, emiten un informe pocos días después haciendo constar que hay relación directa entre el inicio de las obras y la evolución de los daños en los edificios próximos. La situación va empeorando y en abril de 2008, mediante una resolución de la Alcaldía, se decreta la paralización de las obras. Señala la demanda del Concello que en ese momento el barrio de O Celeiriño ya empezaba a presentar síntomas de precariedad, dada la peligrosidad que representaban posibles desplomes en las viviendas afectadas, el deterioro del firme de los viales y dado que las estructuras colocadas para arriostrar las fachadas de las viviendas afectadas dificultaban el tránsito de vehículos y viandantes.

Cuando la empresa solicita días después reanudar las obras, el Concello contrata al catedrático e ingeniero Carlos Oteo, que ayer compareció por videoconferencia. Mencionó algo que repitieron ayer otros técnicos: que el terreno no era bueno, que las casas eran viejas y con mala cimentación y que la excavación del proyecto era arriesgada y no se tomaron las debidas precauciones. Entiende este experto que el sistema que utilizó la empresa, metiendo anclajes debajo de construcciones, no le parece adecuado, debido a que «tiran» del terreno en una zona bajo las casas cuya cimentación es escasa.

El director de obra presenta un informe con un nuevo proceso constructivo (con vigas) y a la vista de los informes, la Alcaldía autoriza la reanudación de los trabajos. La empresa Euromontaxes Profesionales es la encargada de realizar el proyecto para instalar vigas de sujección de los muros perimetrales. La instalación la hizo una subcontrata. Aquí se produce un episodio cuando menos sorprendente y es que una vez instaladas las vigas, según varios testimonios escuchados ayer en el juicio, una pala mueve una de las laterales. Y cuando dos obreros acuden a arreglarla, se percatan de que alguien, no se sabe exactamente quien, había retirado la viga central para poder trabajar mejor con una pala grande en los trabajos de excavación. Esta viga habría estado retirada unas horas y luego «alguien» volvió a colocarla en su lugar, pero ya no estaría recta y ese defecto de colocación habría podido influir, según mencionaron varios expertos, en que luego rompiera, produciéndose un desplazamiento del muro pantalla. El Concello ordena entonces (octubre 2008) la 2ª paralización de la obra y el desalojo de unas 16 familias.