Lantero acusa al Concello de Vilagarcía de llevar ocho años incumpliendo su convenio

Serxio González Souto
serxio gonzález VILAGARCÍA / LA VOZ

AROUSA

MARTINA MISER

La firma sopesa acudir a los tribunales a raíz del último acuerdo plenario

31 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

Si el papel del gobierno local de Vilagarcía en el conflicto de Lantero ha sido duramente criticado desde las filas de los trabajadores, la opinión que la dirección del grupo cartonero maneja al respecto no es mucho mejor. Todo lo contrario. Ayer, tres de los miembros del staff de la compañía volvieron a comparecer en Vilagarcía para mostrar su sorpresa y desagrado por el hecho de que la corporación municipal haya decidido, en el pleno del lunes, condicionar la tramitación urbanística de los terrenos de su antigua fábrica al mantenimiento del empleo, además de negarse el alcalde, Tomás Fole, a volver a recibir a sus responsables si el comité no lo autoriza.

La empresa interpreta lo ocurrido como la imposición unilateral de una nueva condición sobre el acuerdo alcanzado en el 2004, que facilitó su traslado a O Pousadoiro. Algo que a la dirección le resulta poco menos que increíble, teniendo en cuenta que el Concello se comprometía en aquel documento a incorporar el convenio a la revisión del PXOM en un plazo de dos años. En otras palabras, Ravella lleva ocho largos años incumpliendo el pacto, situación por la que transitan el anterior gobierno y el actual bipartito conservador. Hasta ahora no se lo había planteado, admite el director de Recursos Humanos, José Antonio Vales, pero a partir de este momento Lantero explorará todas las vías para hacer valer sus derechos, incluyendo el recurso a los tribunales.

«Es un problema de negocio, no urbanístico, lo que hay que garantizar es el mayor número de puestos de trabajo, el resto es accesorio», afirmó el director general, Philippe Fèvre antes de que Vales insistiese en que el convenio «no es una moneda de cambio, ni ahora ni en el futuro», desmintiendo con contundencia al regidor, Tomás Fole, cuando este dice que el documento es ilegal.

De hecho, no existe, al parecer, ningún informe que acredite que el acuerdo urbanístico vulnera la Lei do Solo, más allá de una reunión con la secretaria xeral de Ordenación e Urbanismo que, celebrada el año pasado con presencia del alcalde Fole, se cerró con una discrepancia técnica.

El contencioso-administrativo

Lantero tampoco oculta que ha dirigido diversos escritos a la alcaldía (en abril del 2010, noviembre del 2013 y agosto de este mismo año) alertando de que el incumplimiento por parte del Concello impide la venta de los terrenos de Rosalía de Castro, obligándole a suscribir préstamos imprevistos para financiar el traslado de su planta. La empresa calcula que el menoscabo económico imputable a esta circunstancia sumaba ya, en julio del 2013, 1,7 millones de euros en forma de intereses. La dirección solicitaba certificación del estado de tramitación del expediente y de los informes que se hayan emitido, recordando su potestad de interponer un recurso contencioso-administrativo.