Aunque algunas de las 26 comunidades que han denunciado la estafa lo han hecho con asesoramiento jurídico, en la mayoría de los casos los vecinos han presentado sus demandas directamente. No es precisamente un caso sencillo, pero el letrado vilagarciano Antonio García, que ha conseguido sacar adelante un buen número de reclamaciones por preferentes, considera que es perfectamente factible desbloquear y hacer avanzar la causa. «Es cierto que existe alarma social a raíz de las estafas, pero la Justicia necesita hechos y creo que es importante que las comunidades afectadas puedan actuar juntas, bajo una sola dirección letrada», indica García, al que varios afectados han pedido consejo. Es más, está dispuesto a ponerse en contacto con los presidentes de todos y cada uno de los bloques para explorar la posibilidad de que coordinen sus acciones, aunando fuerzas y criterios con el resto de abogados que defiendan los intereses de los vecinos.
Las ventajas de una estrategia única, subraya el abogado, son muchas: «Se pueden proponer diligencias y hacer presión pero, sobre todo, los afectados sabrán qué es lo que está sucediendo, no solo con respecto al juzgado, sino también a los bancos».