Piden cuatro años de cárcel para dos arousanos por vender coches con el kilometraje trucado

Hasta una veintena de compradores de coches fueron supuestamente estafados por dos arousanos que tenían un taller oficial de la marca de automóviles Peugeot. Estos comercializaban vehículos de segunda mano a los que, según explica el fiscal en su escrito de acusación, trucaban el kilometraje con el fin de hacer creer a los compradores que tenían menos recorrido del que realmente tenían. El caso será visto la próxima semana por la Audiencia de Pontevedra y el ministerio público pide cuatro años de cárcel para cada uno de los acusados. La misma pena que reclaman para un vilagarciano que emitió una tarjeta de ITV para un remolque que no estaba homologado.

Fue entre los años 2010 y 2011 cuando F.R.M.F. y R.M.F.N, ambos propietarios del taller en cuestión, comercializaron un total de diecinueve coches con el kilometraje trucado. A algunos de ellos le llegaron a restar hasta cien mil kilómetros, con el objetivo de «cobrar por los vehículos un precio más elevado que el valor real del mercado», explica el fiscal. En esta veintena de operaciones, los acusados consiguieron defraudar un total de 66.400 euros, siendo el propietario más afectado el que pagó cinco mil euros más de lo que valía su vehículo.

Sostiene el ministerio público que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa. Por eso pide para ellos la pena de cuatro años de prisión y una multa de doce meses, a razón de quince euros el día. En concepto de responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar también a los perjudicados con las cantidades estafadas, más los intereses previstos legalmente. El juicio comenzará el próximo martes.

Un remolque ilegal

Dos días después, será juzgado también en la Audiencia un vilagarciano, gerente de una empresa dedicada a la construcción de remolques. Este tenía autorización para firmar certificados de homologación en las tarjetas de la inspección técnica de vehículos (ITV). Así que, de acuerdo con estos permisos, en agosto del 2011 expidió una tarjeta para un remolque. En ella se decía que cumplía con las dimensiones reglamentarias. Pero, en realidad, tenía una longitud de cuatro metros, cuando debería medir 2,9 metros. El fiscal acusa a este hombre de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y para él pide cuatro años de cárcel y una multa de doce meses con una cuota de doce euros al día.

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