Visiblemente indignado, Xosé Manuel Fernández Abraldes, alcalde de Barro, confirma una por una las denuncias de sus vecinos de Bretoña. «Hai unha situación de alarma social creada que para nós é inasumible e inaceptable», subrayó, al tiempo que explicó que, en un primer momento, creyeron que el ataque de los perros a una mujer fue un hecho aislado.
Todo cambió un mes después cuando un vecino requirió información sobre la situación de los canes. «De maneira formal, nin tíñamos noticias de que se producira o ataque polo que preguntamos e ao día seguinte, o 23 de marzo, a Garda Civil tróuxonos o informe do que acontecera cos cans, que non tiñan chip, licenza...», apuntó Abraldes.
Desde el Ayuntamiento se abrió un expediente y se dio diez días para regularizar la situación de los perros. Pasó el plazo y no hubo movimiento alguno, por lo que se ordenó su incautación. Personal de la protectora, de Medio Ambiente y del Seprona, así como funcionarios municipales se desplazaron hasta Bretoña y procedieron a intervenir los perros para, acto seguido, trasladarlos a la perrera.
«Utilizando unha triquiñuela, a canceira, dali a dous ou tres días, entregáronlle os cans a un señor que vive no Concello de Poio e ten licenza de Pontevedra para ter animais dese tipo. No momento que me enterei lle dixen aos responsables da canceira ??como vos atrevedes a entregar uns cans que están incautados por orde do Concello??», criticó el regidor municipal. Los perros volvieron a Bretoña.
El Concello trató de volver a intervenirlos, pero sus dueños les advirtieron que sin orden judicial de por medio no iban a permitir que se entrara en su propiedad.
«Queremos solucionar iso o antes posible», insistió Fernández Abraldes, quien lamentó que «temos as mans atadas. A min deixáronme sen ferramentas»