Niegan haber inflado la tasación de una cantera para construir el macronudo de Curro
AROUSA
El empresario aseguró que nunca tuvo intención de defraudar a Hacienda y el perito defendió la valoración de la sociedad
10 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.¿Pagó la Xunta de Galicia un sobreprecio cuando expropió la cantera Áridos de Curro para construir el macronudo de Curro? Tanto el titular de esta explotación, Juan Luis A. P., como el perito Juan Manuel M. S., quien tasó la sociedad para la Administración autonómica, negaron ayer esta posibilidad en la Audiencia de Pontevedra.
El empresario sostuvo, entre otras cuestiones, que nunca vio el informe valorativo de su compañía -«a min dixéronme a cantidade»-, así como manifestó desconocer lo que es una hoja de aprecio, el documento en el que se concreta el valor de un bien a expropiar. Por su parte, el fiscal puso el énfasis en que en la documentación remitida se reflejaba que la empresa tenía autorización para operar durante una década más cuando la realidad es que esta se renovaba anualmente, al tiempo que se aludía a unos beneficios de entre 34.000 y 35.000 euros cuando estos ascendieron a un total de 21.000 euros netos el año que más se declaró.
Con respecto a la primera de las cuestiones, el empresario subrayó que la explotación venía funcionando desde principios de los setenta, por lo que desde la comunidad de montes «no me van a cortar el grifo de un día para otro». En cuanto a los beneficios, aludió a la compra de maquinaria y los gastos de mantenimiento del equipamiento.
Además de un delito de falsedad en documento oficial, el fiscal también le acusa de un presunto fraude fiscal. Juan Luis reconoció que, con relación al ejercicio del 2010, no consignó en el impuesto de sociedades los 1,2 millones de euros que le abonó la Administración, si bien matizó que cuatro años después regularizó la situación abonando medio millón de euros. Sostuvo que fue un error del que solo fue consciente «de casualidade» al intentar adquirir una nave. Explicó que al tratar de subrogarse a su hipoteca al banco no le coincidían las cuentas. Respondió con un «para nada» cuando le preguntaron si «¿tuvo alguna vez voluntad de defraudar a Hacienda?».
Por su parte, el perito de la empresa contratada por la Xunta para realizar la valoración insistió en que todo se hizo correctamente, al tiempo que dejó claro que nunca ha recibido contraprestaciones o presiones políticas en uno u otro sentido. Explicó que consignó una vida útil de, al menos, diez años en función de las reservas de material, el ritmo de producción y el plan de labores de la propia empresa. Y eso solo contando con el material de la zona donde se ubicaba la cantera, ya que la firma podría traerlo de otros puntos, circunstancia que incrementaría su vida útil.
De igual modo, reseñó que tuvo en cuenta la antigüedad de las instalaciones, la depreciación de los bienes y los costes de reposición. «Todos os informes que eu fago son en base a criterios estimativos», remarcó, al tiempo que indicó que sus valoraciones son siempre remitidas a la Xunta, donde son revisadas y es posteriormente cuando los técnicos de la Administración las aceptan o, en caso contrario, las rechazan.
Durante la maratoniana vista oral, por la Audiencia de Pontevedra pasó el perito cuya denuncia dio pio a todo este proceso judicial. Relató que, en un principio, fue contratado por Juan Luis A. P. para que le asesorase en relación con la expropiación a cambio de un 5 % de lo que finalmente le abonase la Xunta. «Me dijo que no valía más de cien mi euros», apuntó en este sentido.
Tras dos años de trabajos, las cosas se torcieron. Aseguró que el empresario le comunicó que «había habido un cambio político y que se lo iban a dar por ser él quien era», de tal modo que «no me iba a pagar el 5 %». Vinculó estas afirmaciones con las elecciones del 2009 y al parentesco unía a Juan Luis A. P. con el entonces presidente de la Diputación, Rafael Louzán, algo a lo que también aludió el fiscal. «Somos del mismo pueblo, todos nos conocemos», resaltó este perito, así como señaló que recibió una llamada de alguien de la Xunta advirtiéndole de que «iba a meter en problemas a gente».
En todo caso, y pese a su denuncia, reconoció que la valoración que el finalmente manejó fue de 1,2 millones de euros, la misma que consignó el experto que se sentó en el banquillo y frente a quien el Abogado del Estado no presenta acusación.