Ana Porto tiene una inmobiliaria en O Grove. «Siempre he trabajado mucho con alquiler vacacional», cuenta. Sin embargo, este año el verano va a ser atípico. «Muchos de mis clientes son personas mayores que no se van a dar de alta en el registro de la Xunta, así que no me queda más remedio que dar de baja sus pisos», señala. Asegura que sus clientes no tienen ningún problema con declarar los ingresos que reciben por estos arrendamientos veraniegos. «El problema son otras cosas, como tener que tener un teléfono disponible las veinticuatro horas, por ejemplo», explica. Sabe que muchos de los propietarios que hasta ahora trabajaban con ella buscarán veraneantes por su cuenta y riesgo. «Sé que va a ser así, pero yo no me puedo arriesgar a eso», sentencia. Así que no le va a quedar más remedio que dar de baja alrededor de medio centenar de pisos y quedarse tan solo «con los que aceptan alquilar por un mes completo, que no tendrían problemas, o los que se reciclan y aceptan alquileres por curso escolar o por temporadas más largas». A su juicio, «el decreto va a ser un palo tremendo para el turismo».