La causa por la estafa a vecinos de Vilagarcía encalla en el juzgado

Más de dos años después de que al menos 170.000 euros se esfumasen de las cuentas bancarias de 27 comunidades de vecinos de Vilagarcía, la investigación de lo ocurrido permanece encallada en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de la capital arousana. Ayer, los representantes legales de varios de los bloques afectados confirmaron que la causa continúa en la sala arousana, sin que de momento se le haya dado traslado a la Audiencia Provincial de Pontevedra. Esto, explican, es lo que exige la evolución del proceso, puesto que la totalidad de los estafados han recurrido la decisión de archivar el expediente, que el juez titular del número 3 adoptó en septiembre a instancias de la Fiscalía. «Como quiera que los recursos deben ser abordados por la Audiencia, todo esto lo único que está haciendo es retrasar la solución a un problema grave, que debe ser aclarado y reparado», puntualiza uno de los letrados que asisten a las víctimas de este gravoso fraude.

El sobreseimiento provisional de la causa se basa en un informe que la Fiscalía emitió en mayo. En él, el ministerio considera que las diligencias practicadas no han conseguido acreditar que el único detenido por este caso, el hombre que vació las cuentas de las comunidades de vecinos a base de cheques falsificados, se haya quedado con el dinero. Todo ello, pese a que él mismo admitió que se encargaba de cobrar los talones en las tres entidades bancarias con las que trabajaban los bloques afectados. El sujeto aseguró que entregaba las cantidades así recaudadas a su pareja, una joven empleada de la empresa administradora de fincas en la que se gestó la estafa. La mujer se quitó la vida, por lo que, obviamente, resulta imposible contrastar la versión del individuo. Sobre esta base, el fiscal entiende que «no se ha podido acreditar que el investigado se apoderara ilícitamente de algunas de las cuantías que cobró con cargo a dichos cheques». Como tampoco, «si se quedó con el dinero, ni si participó del ilícito cometido por otra persona». El escrito, asumido por el juzgado vilagarciano en septiembre, niega, incluso, la posibilidad de exigir «en este procedimiento responsabilidad civil a alguien, ni de manera directa ni subsidiaria».

Los abogados de las comunidades discrepan abiertamente de esta línea argumental. Entre otras cuestiones, porque sostienen que de la investigación se desprenden indicios más que suficientes para determinar la participación activa del cobrador de los cheques en la estafa.

La versión del único detenido señala a una joven que se quitó la

vida en el 2014

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