La Audiencia anula el archivo de la estafa a las comunidades de vecinos

No es frecuente que en una estafa se vean involucradas tantas personas. Una treintena de comunidades de vecinos de Vilagarcía vieron cómo, hace más de dos años, sus cuentas colectivas eran saqueadas a través de un minucioso sistema de cobro de cheques falseados. El caso estalló en el seno de una de las más importantes gestorías de cuantas operaban en la capital arousana. Pero ni su calibre ni el hecho de que uno de los investigados reconociese haber percibido varios talones fue suficiente para que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la ciudad abriese, tan siquiera, una vista oral. El 1 de septiembre pasado, su titular decretaba el sobreseimiento de la causa, aceptando las conclusiones de un informe de la Fiscalía para, un mes más tarde, rechazar todas las alegaciones al respecto. Ahora, la Audiencia Provincial de Pontevedra da la razón a los afectados, que recurrieron una decisión recibida con incredulidad por sus letrados. El archivo de las actuaciones queda anulado y la sala vilagarciana tendrá que dictar una nueva resolución.

El dictamen de la Audiencia es contundente. Reconoce que, tal y como argumentaron las acusaciones particulares, la forma en la que se sobreseyó el caso provocó una clara situación de indefensión. El auto emitido por el número 3 carece, según los magistrados, de la adecuada motivación. La jueza instructora, alega la resolución provincial, se limitó a transcribir lo expuesto por el Ministerio Fiscal, «omitiendo por completo la valoración que le corresponde efectuar». El único individuo que fue detenido por este episodio, tipificado como un delito de estafa, admitió haber cobrado los cheques, pero aseguró habérselos entregado a una de las trabajadoras de la gestoría involucrada, con la que mantuvo una relación sentimental y que en otoño del 2014 se quitó la vida. Obviamente, nadie puede ya tomar declaración a la mujer sobre la que el acusado hizo recaer la responsabilidad de lo ocurrido. De ahí que el fiscal concluyese que «no se ha podido acreditar que el investigado se apoderara ilícitamente de alguna de las cuantías que cobró con cargo a dichos cheques, pese a que reconoce haberlos cobrado, pero no se puede determinar si él mismo se quedó con el dinero, y tampoco si participó del ilícito cometido por otra persona».

Los otros investigados

Las acusaciones discreparon abiertamente de esta línea argumental, que incluso negaba la posibilidad de exigir responsabilidad civil, directa o subsidiaria, a las tres entidades bancarias que libraron los cheques falsificados, a la gestoría en la que nació la estafa y a las aseguradoras correspondientes por la desaparición de un dinero que, en su conjunto, se eleva a 170.000 euros.

Los abogados de las comunidades no solo advirtieron de que la investigación contenía indicios más que suficientes sobre la acción delictiva del detenido, sino que apuntaron a un segundo investigado, que en su momento dirigió la gestoría. La Audiencia, en definitiva, entiende que el juzgado número 3 no expone los motivos por los que admite los argumentos de la Fiscalía. La investigación vuelve a Vilagarcía.

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