Los ayuntamientos cerraron el año con facturas pendientes por 6,7 millones

El período medio de pago a proveedores se redujo en una semana desde diciembre del 2015, pero supera el máximo que fija la ley


21/03/2017 05:00 h

Las políticas de transparencia y el férreo control que se hace de las cuentas de las distintas Administraciones desde Madrid para evitar desmadres y reducir el déficit hacen que sea más fácil para los ciudadanos hacerse una idea de la situación económica de sus concellos, en qué se gastan los recursos y a cuánto asciende la deuda contraída, un dato que suele interesar porque, al fin y al cago, se paga entre todos. Uno de los indicadores a los que se puede acceder a través del Ministerio de Hacienda y que ofrece una información actualizada es el período medio de pago y la deuda comercial de los ayuntamientos, es decir, qué cantidad de facturas de proveedores están a la espera de ser abonadas. Según los datos publicados hace unos días, los concellos de la zona cerraron el año pasado con 6,7 millones de euros pendientes.

La cifra está casi medio millón de euros por encima de la registrada seis meses antes y constituye la cuantía más elevada de un mes de diciembre desde que en el 2014 se implantó la obligación de publicar el dato sobre el pago a proveedores. Entre los concellos con mayor deuda comercial se destacan Ribeira y Noia, aunque en el caso noiés la cantidad pendiente de pago se redujo de forma considerable durante el último semestre del año pasado. No en vano, en junio la cifra se situaba en casi 2,5 millones de euros, mientras que al cierre del ejercicio estaba en 1,18 millones.

De los ayuntamientos que están al día en el abono de sus facturas sobresale el de Mazaricos, que apenas suma 33.236 euros pendientes de pago. Además, históricamente, la entidad local mazaricana está a la cabeza de los concellos que menos hacen esperar a sus proveedores para cobrar.

Plazo legal

El período medio de pago, que todas las Administraciones locales tienen la obligación de hacer público, sirve para calibrar la sostenibilidad de la deuda comercial adquirida por las entidades y mide el retraso en el pago. En este sentido, la legislación fija un plazo máximo de un mes para el abono de las facturas, y empieza a contar treinta días después de que el recibo en cuestión, o el certificado de fin de obra, según el caso, llega a la casa consistorial.

Según esto, el conjunto de los municipios del área barbanzana no cumplen el período fijado por la normativa ya que tardan, de media, 42 días en hacer efectivo el pago. Con todo, la situación ha mejorado con respecto a lo que ocurría un año antes al reducirse la demora en siete jornadas entre el último mes del 2015 y diciembre del 2016.

Además, hay concellos que cumplen con creces el plazo estipulado por ley. Es el caso de Mazaricos, que paga incluso con antelación a que se agoten los treinta días de gracia que concede el Gobierno central antes de empezar a contar; Outes, que tarda tres días, y Lousame, con diez.

En la otra cara de la moneda están los ayuntamientos incumplidores. Son cuatro en total, y entre ellos destaca el de Carnota. Las empresas que realizan trabajos o prestan algún tipo de suministro al concello carnotano esperan más de cinco meses para cobrar, frente a los tres que se demoran en Noia en hacer efectivo el pago. Cierran la relación de tardones Rianxo y Muros.

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