Carrera de obstáculos para aparcar

En la comarca hay una plaza para personas con movilidad reducida por cada tres autorizaciones, muchas son impracticables y es frecuente que se ocupen ilícitamente

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Ribeira / La Voz 21/04/2017 05:00 h

A diario, muchos barbanzanos se enfrentan con la ardua empresa de encontrar un sitio en donde aparcar su coche en la calle. Sin embargo, hay un sector de la población para el que esta tarea se convierte en una carrera de obstáculos. Los problemas se multiplican en el caso de las personas con movilidad reducida, que no solo se enfrentan a una bolsa de plazas reducida, sino que además estas son muchas veces impracticables -bien porque son demasiado pequeñas o porque dan hacia la carretera o a una pared- y no dejan margen para que puedan apearse del vehículo y subirse a una silla de ruedas, tal y como explican los propios afectados. Y a estos contratiempos hay que añadir que frecuentemente las zonas reservadas son ocupadas ilícitamente por otros conductores, con lo que el margen de maniobra se reduce incluso más.

En el área barbanzana hay, de media, una plaza para personas con movilidad reducida por cada tres tarjetas autorizadas para hacer uso de ellas. El ratio es mucho menor en los municipios más pequeños, aunque no supone un motivo de quejas habitual porque sobra sitio en el que estacionar. Por ejemplo, en Mazaricos hay solo 2 para 46 permisos concedidos en el municipio, en Outes existen 10 para 93 usuarios y en Lousame son otras 10 para 56.

«Non son suficientes prazas, polo que imos encargar a elaboración dunha planificación para sinalar aqueles espazos públicos onde non haxa lugares reservados para persoas con mobilidade reducida, así como o repintado das que existen», señaló a este respecto la alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, cuya intención es crear otras zonas de estacionamiento limitado para el centro de jubilados y junto a todos los locales sociales.

Ancho insuficiente

Según los propios usuarios, donde más dificultades encuentran es en el casco urbano de los ayuntamientos con mayor población, como Ribeira, Boiro o Noia. En Santa Uxía hay actualmente 83 plazas, de las cuales 53 se encuentran en el centro, aunque «muchas no cumplen con las medidas marcadas por la ley de promoción de la accesibilidad, por ejemplo, todas las que hay en la zona de Coroso son de 2,2 metros, cuando deberían tener al menos 3,60 metros de ancho», indica uno de los muchos afectados que se encuentran en su día a día con esta realidad.

En Boiro, que pasó de tener 47 plazas adaptadas en el 2011 a las 83 actuales, el mayor problema es el incivismo. Tanto, que la Policía Local está tomando cartas en el asunto para evitar que otros conductores ocupen los aparcamientos reservados a personas con movilidad reducida, especialmente cuando hacen un uso fraudulento de las tarjetas. La presión policial es mucho menor en Noia, en donde 230 usuarios se reparten las 60 plazas que hay, aunque aquí la ocupación ilícita también es un problema al que se enfrentan los conductores con movilidad reducida.

De entre los municipios con más de 8.000 habitantes, tienen el menor número de aparcamientos adaptados Muros (12 y se estudia alguno nuevo en Esteiro) y Porto do Son (14), así como también el mayor desajuste entre la cifra de usuarios (cerca de 70 en ambos casos) y el de plazas disponibles. «A menos que sea inviable, si un vecino solicita que se pinte un nuevo estacionamiento adaptado se hace», indican desde el ejecutivo sonense.

Detectan en Boiro a conductores que empleaban tarjetas de fallecidos

La campaña puesta en marcha desde la Policía Local de Boiro contra el uso fraudulento de las tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad trata de poner fin a una práctica que se había convertido en un problema y suscitaba multitud de quejas. Hasta el momento se ha sancionado a cerca de treinta personas por utilizar indebidamente los permisos concedidos por el Concello, entre ellos a conductores que empleaban la tarjeta de un titular ya fallecido o que llegaron a falsificar la acreditación.

Desde las policías locales de la zona explican que el hecho de que los permisos no sean limitados en el tiempo es un problema para controlar su uso. Recuerdan que los conductores que aparquen en plazas reservadas para personas con discapacidad y no lleven al titular de la tarjeta se exponen a multas de hasta 200 euros.

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