El guardia civil de Santa Comba se niega a aclarar su relación con unos narcos
CARBALLO
Está acusado de advertirles de que les estaban vigilando con coches camuflados. El ministerio público le pide un año y 9 meses
15 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Ni a la fiscala ni a su abogado defensor. El que fue cabo primero de la Guardia Civil en Santa Comba, Rafael Martínez García, se negó a aclarar su relación con un grupo de narcos que han confesado sus delitos a cambio de una considerable reducción de sus condenas y evitar la cárcel. Tras su absoluto silencio, la segunda jornada del juicio que se sigue contra él en la sección compostelana de la Audiencia Provincial contó con el testimonio de los miembros del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) que investigaron a esta banda. Todos corroboraron que el agente acusado ayudó a los traficantes advirtiéndoles de que les estaban vigilando con coches camuflados.
Los siete agentes ofrecieron una misma versión de los hechos. El 29 de marzo del 2012, sobre las 22 horas, habían montado un dispositivo de vigilancia en torno al domicilio del excabo. Vivía en la calle Hedras de Milladoiro y los narcos condenados se referían a él en las conversaciones telefónicas como «el de los lofts» porque su casa estaba frente a un edificio que con estos inmuebles. Aquel día recibió en su edificio a Diego Veiga y Gilberto Morales. El primer día de la vista oral ambos confesaron y aceptaron 2 años y un año y 7 meses de cárcel, respectivamente, así como el pago de 5.000 y 600 euros. Tras reunirse, se subieron a un coche y, siempre según la versión de la EDOA, hicieron maniobras de distracción. A los agentes les pareció que les habían detectado y se suspendió la vigilancia.
El excabo está acusado de haber entrado días después en la base de datos de la Guardia Civil para comprobar las matrículas de dos coches que formaban parte del despliegue camuflado. La Fiscalía le acusa por ello de revelación de secreto y le pide nueve meses de cárcel. También enfrenta una acusación por falsificar un atestado por accidente de tráfico con la presunta intención de ayudar a un amigo de uno de los narcos para que no perdiera una prestación por desempleo, dado que se había olvidado de ir a firmar un mes. El beneficiado reconoció los hechos y admitió que fue Martínez el que le dio el documento. Por esto el ministerio público le pide un año y 9 meses.