El artículo 128 de la Constitución Española, incluido en el título VII, dictamina que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general». Esta idea, repleta de matices e interpretaciones y que forma parte del núcleo esencial de las teorías políticas, cobra un especial interés a la vista de varios procesos actualmente en marcha en la Costa da Morte.
Sin ir más lejos, el pleno de Corcubión aprobará hoy con toda probabilidad que le sean revertidos al Concello los terrenos de la Lobeira Grande ocupados por el edificio del faro, que ya no cumple funciones como tal. Sobre ese inmueble hay un anteproyecto presentado de una empresa privada, Porto Muíños de Cerceda, que se dedica, fundamentalmente, al procesado y comercialización de algas.
Se presenta entonces aquí la eterna dicotomía, sobre en qué manos están mejor los bienes. Al Ayuntamiento corcubionés le respalda la legitimidad para disponer de lo que es suyo, o lo que en algún momento lo fue porque está registrado a su nombre, pese a que tenga muy difícil -le faltan personal, recursos y otros muchos requisitos- para llevar a cabo un aprovechamiento efectivo de ese espacio insular, al que, por sus propias características, no se puede acceder libremente en cualquier época del año.
También hay margen para ver las cosas de otra manera: cuando los concellos son los que tienen que poner dinero en bienes que fueron realizados con fondos públicos, pero donde la gestión es privada. Hay varios casos, pero uno de los primeros que vienen a la cabeza, por la ya larga polémica (y efectos negativos para los usuarios) es la piscina climatizada de Cee, un gran proyecto que finalmente ha llegado a las cotas actuales.
A veces es el dinero (y el riesgo) particular el que permite que inmuebles públicos puedan aprovecharse, a cambio e un canon. De otro modo, podrían estar cayéndose a trozos. Véase el Semáforo de Fisterra, de nuevo abierto a la hostelería, además con un proyecto que parece bien planteado, apostando por la calidad y por lo local. No hay fondos públicos para mantenerlo, como sí ocurre en el dolmen de Dombate o en las Torres do Allo, que ahora se deja en manos de concellos, pero que antes llevaron asociaciones privadas, aunque el dinero siempre venía de la Diputación. En ese sentido, no ha cambiado demasiado.
En los bienes religiosos, los cambios son más lentos. Y cautelosos. Como la rectoral de Ozón, de la que se encarga una entidad, o la de Moraime, cedida a una empresa para que haga un hotel de lujo. En muchos casos, más que debates teóricos, lo que importa es que funcione bien.