El derribo de la cuarta planta del edificio situado en el número 21 de Rueiro da Praia, en el paseo marítimo de Malpica, parece cada vez más próximo. La piqueta pende de forma inexorable sobre este inmueble, una vez que el Tribunal Supremo tumbó el último recurso presentado por la familia propietaria de la vivienda. El Concello inició los trámites, como responsable civil subsidiario, para ejecutar la sentencia. El Ayuntamiento ya ha adjudicado los trabajos a una empresa (se presentaron cuatro) y solo quedan pequeños trámites para iniciar el plan de derribo, que se producirá, según apuntó el alcalde, Eduardo Parga, en cuestión «de poucas semanas». De concretarse la medida, se pondría fin a un litigio que surgió hace ahora 31 años, cuando el promotor de la obra obtenía licencia para construir un edificio con planta baja y dos altas, sin voladizos en el primero de ellos y con voladizos en el segundo. Sin embargo, un vecino denunció y la Justicia le dio la razón siempre. En primera instancia, en el año 1992 -con sentencia en firme de 1993-. El fallo apuntaba claramente que había que derribar la cuarta planta del edificio por exceder en 1,65 metros la altura máxima permitida de la línea de cornisa. Arrancaba así la segunda fase de este largo proceso, con sentencias, recursos, nuevos fallos y más alegaciones. El objetivo era dilatar el proceso el mayor tiempo posible. Incluso el Concello de Malpica llegó a tomar parte en este asunto apoyando al denunciado, con varios escritos de súplica. Sin embargo, el TSXG y el Supremo se mostraron siempre inflexibles.
Y llegó el 17 de enero del 2014. Esa fría mañana se iba a producir la demolición del piso. En las jornadas previas había surgido en Malpica una corriente solidaria con la familia denunciada. Consideraban injusta la medida. Todavía estaban muy recientes en la retina los disturbios de Gamonal (Burgos). En el paseo marítimo de Malpica se dieron cita varias patrullas del Servicio de Intervención Rápida de la Guardia Civil. Habían acordonado la zona. Enfrente, numerosos vecinos indignados. A uno, incluso, le impusieron una multa de 120 euros por su oposición verbal al derribo. Pero, finalmente, esta orden del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no llegó a ejecutarse. La empresa encargada de las obras había entrado en concurso de acreedores y no podría hacer frente a los trabajos, por lo que había que reiniciar los tramites, porque así lo solicitó el denunciante. Dos años y tres meses después se repite el proceso y todo parece indicar que el cuarto piso del 21 de Rueiro da Praia será historia en breve, poniendo así el corolario a uno de los litigios urbanísticos más largos que se recuerdan en la comarca de Bergantiños.