El juez no ve delito en la actuación del exalcalde, el arquitecto y el constructor
17 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Era la pieza central -hubo otras muchas, alguna con condena- de lo que antes la oposición y ahora gobierno bautizó como los años de la corrupción política en Vimianzo y, al menos a nivel penal, las irregularidades en la construcción de la Casa da Cultura han quedado en nada. El titular del Juzgado de lo Penal Número 3 de A Coruña ha absuelto al entonces alcalde, Alejandro Rodríguez Lema; a su hermano Manuel, constructor de la obra, y al arquitecto municipal, Julio Vázquez Rodríguez, de los presuntos delitos de prevaricación y fraude continuado.
Por el camino ya habían quedado fuera de la causa el resto de miembros de la Junta de Gobierno Local que autorizaron la obra y la Fiscalía se abstuvo de formular acusación. De ahí que los únicos que pedían penas de prisión, de hasta dos años, e inhabilitación, por un máximo de 10, eran el propio Concello de Vimianzo y la exportavoz del PP, Carmen Borbujo, que ejerció la acusación popular.
Sin embargo, el magistrado Raimundo San Adrián Otero, ha accedido a la petición de las defensas, que era la libre absolución, y lo hizo con unos argumentos vistos ya muchas veces en la zona, en otros casos similares. Motivaciones que se resumen en que el ámbito penal está reservado para «actos contrarios a la justicia, la razón y las leyes, dictados solo por la voluntad y el capricho» no para «meras ilegalidades», que le corresponden al espacio del Derecho Administrativo. No niega por tanto que en este caso hubiese cuestiones irregulares o directamente ilegales, sino que determina que tales hechos no son perseguibles penalmente porque «no es la mera ilegalidad, sino la arbitrariedad lo que se sanciona».
El juez hace un recorrido bastante detallado por el camino que siguió el proyecto desde que se aprobó por el Concello y salió a licitación el 13 de febrero del 2006 con un presupuesto de 1.186.997 euros y un plazo de ejecución de 18 meses.
Manuel Rodríguez Lema, el hermano del alcalde, se llevó la obra ofreciendo una rebaja de 80.239 euros y un plazo de ejecución muchísimo más corto, de solo siete meses.
El pleno municipal nombró director de obra al arquitecto municipal, Julio Vázquez, el 23 de marzo y el 21 de abril se firmó el contrato. Sin embargo, el 26 de enero del 2007, cuando se suponía que los trabajos ya debían de estar terminados, Vázquez emitió un documento de modificación del proyecto, debido a problemas de la naturaleza del terreno y de la red de saneamiento municipal que hacían necesario un drenaje exterior, construir una cámara anti-retorno en la estación de bombeo y redireccionar el saneamiento vertical bajo el forjado de la planta baja.
Debido a carencias del proyecto y para evitar costes futuros, también se añadieron «complementos y mejoras» como el cambio del escenario, varias instalaciones y la ampliación de la sala de exposiciones, biblioteca, despachos y de la superficie acristalada. Al día siguiente el pleno aprobó los cambios y el presupuesto se incrementó en 236.196 euros, un 19,90 % más de lo inicialmente previsto, y el plazo de ejecución creció también en otros cuatro meses.
Otros cuatro meses más tarde, cuando de nuevo las obras debían estar finalizadas, el contratista presentó un escrito en el que decía que paralizaba los trabajos en cuanto el Concello no se resolviese la forma de pagarle. A partir de ahí vino otra modificación, por obras echas a mayores, que ascendió a 739.448 euros, que incluso obligó al Ayuntamiento a pedir un crédito después de que un pleito en el Contencioso determinase que había que pagarle al constructor.
El exalcalde y el arquitecto argumentaron en el juicio, según recoge la sentencia, que «hubo una confusión entre técnicos y que las obras estaban previstas desde el primer momento por el pleno y que si las suspendió, indica Julio, fue porque se dio cuente de que se había completado el proceso complementario (proyecto)». También dijo el arquitecto que respecto a los 700.000 euros «hay confusión» porque 140.000 «pertenecen a obras realizadas y el resto son sobreprecios que no autorizó».
En cualquier caso, al margen de los recursos que puedan interponerse ante la Audiencia Provincial, todas esas cuestiones deberán dirimirse en la jurisdicción administrativa, porque el juez no ve nada penalmente punible.