La ciencia y su desilusionante gestión

Uxio Labarta
Uxío Labarta CODEX FLORIAE

CIENCIA

25 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Hay en España una ley de la ciencia que fue aprobada en el 2011 por unanimidad de las Cortes, o casi, y no era previsible que dicha ley por sí misma fuera a resolver la gestión de la ciencia. Si las previsiones que se hacían en el 2008 sobre ella en este Codex eran alarmistas, la realidad que hoy inunda la gestión de la investigación científica, de sus planes nacionales y de sus organismos, es descorazonadora.

No es solamente que la Agencia Estatal de Investigación, que debía estar en funcionamiento en el 2012, se haya aprobado en noviembre del 2015 y aún no se encuentre operativa, ni que la financiación de proyectos del Plan Nacional haya sido errática desde entonces, ni que el CSIC no haya logrado firmar su contrato-programa con Hacienda. Tampoco que al personal investigador en formación, precarios desde la noche de los tiempos y que vieron paliada su situación desde el decreto del 2006, le hayan cambiado condiciones contractuales de oficio, al parecer a petición de universidades y organismos públicos de investigación (OPIS).

Tampoco que, sometidos los OPIS a la nueva racionalización de la Administración (sic), los desplazamientos por trabajo experimental, de colaboración con otros centros, o de reuniones de trabajo de sus proyectos o congresos internacionales deban ser tramitados a través de una empresa privada concesionaria que enreda la gestión, sin que ello suponga un ahorro en sus costes, siempre a cargo de los proyectos de los investigadores.

Añádase a ello una casuística que alcanza a la auditoría externalizada de gastos a posteriori, luego de su autorización previa, con criterios dudosos para las necesidades de los proyectos de investigación. O que la compra de material informático, de obvia necesidad, deba hacerse a través de la Central de Compras del Estado, memoria justificativa por medio a aprobar por instancias variadas, que supone dilaciones superiores a dos meses. Tendrán con ello una panoplia de distorsiones en la gestión de la investigación científica que se padecen en esta Administración «racionalizada» y con la inane ley de la ciencia. Siempre en un sistema en el que, para trabajar, los investigadores deben lograr financiación para sus proyectos en dura competencia con otros, y, una vez conseguida, aportar la quinta parte de lo obtenido a la financiación de su organismo.

Pero no siempre fue así. Hubo tiempos -veinte, treinta, cuarenta años- donde algunos administradores y gestores de centros de investigación se esforzaban por saber y conocer las necesidades singulares de los investigadores y de la ciencia. Lo que ni con la ley de la Ciencia, ni la Agencia Estatal de Investigación, ni programas europeos, o el singular programa de financiación colectiva de la ciencia promovido por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, se logra hoy. Cuestión de administradores desinteresados en la ciencia y su investigación, más allá de la ley, las normas o el dinero.