Hace unos días se aprobó, sin votos en contra y 62 abstenciones, la tercera de las leyes de la Ciencia. En la segunda, la ley 14/2011 hasta ahora vigente, de 292 diputados presentes votaron a favor 289. Todo un éxito de consenso en los aciagos tiempos de la crisis del 2008. Por más que las crónicas parlamentarias de aquel día ya señalaran: «Tras un debate desvaído a las 9 de la mañana en el pleno del Congreso, y con baja asistencia de diputados, la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ha sido aprobada». Éxito de consenso que, sin embargo, no propició con el Gobierno de Rajoy que la joya de la corona de esa ley —la Agencia Estatal de Investigación— se aprobase hasta cuatro años después. En las vísperas de las elecciones del 2015.
Esta nueva ley pretende mejorar las condiciones laborales del personal investigador, incluido el personal investigador sanitario hasta ahora en un limbo normativo, dotándolos de una carrera profesional estable y un incremento en el número de los investigadores. No solo para reparar la pérdida de estos 12 años, dadas las tasas de reposición aprobadas, sino también por el elevado y prolongado grado de precariedad de los investigadores. Tasa de reposición que en la I+D será ahora de un 120 % de los que se jubilen, y precariedad con final anunciado por tres ministros sucesivos de función pública del Gabinete de Sánchez que, para la investigación científica, aún no se ha formalizado y convocado.
La nueva ley persigue además blindar la inversión pública en ciencia hasta alcanzar el 1,25 % del PIB en el 2030 (actualmente un 0,60 %), al tiempo que permitirá reducir las cargas administrativas de gestión derivadas de normativas del Ministerio de Hacienda, al parecer para atajar la corrupción en lo público, y de una interpretación singular de las auditorías de gastos, externalizadas, en los proyectos de investigación al modo UE, pero con mayores atisbos de irracionalidad burocrática. Falta por conocer el objetivo y el alcance político de la ley.
La primera ley de la Ciencia, aquella ley 13/1986 de 14 de abril, reguló y organizó la política científica y tecnológica en España, incorporándola a la agenda política con la participación muy activa de algunas comunidades autónomas, lo que ha contribuido a mejorar la situación de España en el contexto internacional.
Por lo que, recién aprobada esta nueva ley, deberían tener presente el aserto de Tolstói: «Es más fácil hacer leyes que gobernar». Y así, evitar que pueda repetirse lo que el profesor Emilio Muñoz, uno de los impulsores de la primera ley, diagnosticó en el 2016: «Los investigadores han sido sabiamente inutilizados, no pueden ni respirar». Porque gobernar es atreverse a buscar soluciones. Aunque parezcan heterodoxas o utópicas.