Apurando al máximo los plazos previstos y permitiendo a la ministra Ana Pastor ponerse las medallas de una operación que pagaremos todos los gallegos con nuestros peajes durante las próximas décadas, Audasa ha realizado su particular sorteo del Gordo y ha adjudicado la circunvalación de Santiago y la ampliación del puente de Rande. Lo ha hecho además con unas notables bajas de casi cincuenta millones, que, en cualquier caso, no servirán para minorar los sobreprecios con los que castigarán a los usuarios de la principal arteria vertebradora de Galicia los años venideros con los que seguiremos llenando la cuenta de resultados del fondo americano Citi.
De ese ahorro, superior al 25 % de lo proyectado por la firma Itínere, a A Coruña le tocará una pedrea pequeña. Serán los alrededor de diez millones -un tercio de lo invertido en Santiago y menos de la décima parte de lo destinado a Rande - para acometer la imprescindible ampliación de Alfonso Molina, cuya densidad de tráfico es muy superior a la de las otras dos zonas premiadas con sendas mejoras y que tendrá que esperar aún algunos meses para conocer en detalle el proyecto definitivo para su rediseño y también el inicio del concurso para su adjudicación.
Conciliar con el Ofimático. Al final, el eterno retraso de un proyecto que duerme en los cajones de las oficinas del área de Infraestructuras del Ayuntamiento desde el año 2005 y que ha pasado por las mesas de tres alcaldes -Francisco Vázquez, Javier Losada y Carlos Negreira-, tres ministros de Fomento -Magdalena Álvarez, José Blanco y Pastor- y hasta cuatro ediles de Urbanismo -el propio Losada, Mar Barcón, Obdulia Taboadela y Martín Fernández Prado- puede ser una buena noticia para solucionar uno de los problemas latentes: la conexión del Ofimático con la zona de la Universidad, Someso y Pocomaco.
Al órdago del Ayuntamiento anunciando la posibilidad de paralizar las obras tras la decisión de un juzgado de anular la adjudicación de la urbanización a Acciona tras un concurso que se firmó oficialmente en la jornada de reflexión de las municipales del 2011, los demandantes -un grupo de una veintena de promotores- han respondido afirmativamente y los promotores meditan ya pedir la ejecución de la sentencia, sin conocer el alcance de las potenciales consecuencias.
La hora de negociar. El meollo del problema radica en lo que los promotores -entre los que se encuentran varias familias de desalojados que conservan importantes derechos urbanísticos en la zona- consideran como un coste excesivo de determinados proyectos, fundamentalmente el párking y la plaza central y la construcción de un puente sobre Alfonso Molina con el que mejorar la conectividad con los nuevos barrios de la ciudad. Tal vez ahora, el Ayuntamiento, que tiene unas buenas relaciones con la ministra, tiene la posibilidad de encajar el puzle con una operación simple ante Fomento: ahora que Itínere va a ahorrar más de cuarenta millones de euros en las inversiones prometidas a cambio de los sobreprecios en los peajes durante los próximos años, sería conveniente aumentar el tamaño de la pedrea coruñesa con una obra imprescindible para descongestionar la salida de la autopista hacia los polígonos industriales de Pocomaco y la Grela. Es la hora de la carta a Papá Noel y de que Ana Pastor muestre su compromiso con la comarca coruñesa en nuevas inversiones.
El Consorcio y los maquillajes políticos
Cuando se toman decisiones políticas por estética más que por sentido común ocurre que se acaban cargando aquellos elementos que tienen un funcionamiento más o menos lógico sin que haya demasiada coherencia. Es el caso del Consorcio As Mariñas, que se ha tenido que refundar esta semana con el nombre de Mancomunidad —un pésimo recuerdo a fracaso trae la nomenclatura, por cierto— para cumplir con una norma proclamada por la vicetodo Soraya Sáenz de Santamaría: eliminar los chiringuitos políticos. Hasta el momento, no se puede decir que haya tenido demasiado éxito, casi el mismo que el del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y su mano derecha, Alfonso Rueda, en Galicia. El estriptís, parcial, de la Ley de Transparencia ha puesto en evidencia algunas canonjías envidiables y son muchos los que permanecen agazapados en sus confortables sillones a la espera de que pase la moda. Bien es cierto que el Consorcio que preside José Antonio Santiso Miramontes ha apurado los plazos al máximo para adaptarse a la ley. Y que las objeciones recibidas proceden de funcionarios de municipios de mayoría socialista, aunque sus regidores se hayan desmarcado de la polémica. Pero crear un organismo «provisional» para gestionar servicios comunes que están funcionando de forma más que aceptable suena a chapuza poco justificable.