El único punto relevante del pleno de ayer se aprobó -algo muy poco habitual- con el voto a favor de todos los grupos. La unanimidad fue para cambiar el uso del mercado de Santa Lucía y permitir que allí se diese cabida a un centro de salud, propuesto por el anterior gobierno local. El texto con la propuesta de la Marea tuvo que superar escollos en el proceso, porque incorporaba el paso de abastecimiento -el propio de los mercados- a contingencia -una suerte de uso mixto que permite variedad de usos-, algo que criticó el BNG la semana pasada porque abría la puerta a establecer allí negocios que harían competencia a los puestos. El gobierno local escuchó la demanda y cambió ese documento explicitando el uso contingente con limitaciones.
El edil de Rexenaración Urbana, Xiao Varela, recordó que de los 217 puestos que hubo en el inmueble, de 1981, solo quedan 11 activos y que la idea es, dijo, «deixar de lado as obras faraónicas» y apostar por la restauración del edificio, «polo seu valor patrimonial».
«Traen una modificación de la primera propuesta. Autoenmienda que agradecemos como el resto de los grupos porque recoge lo que habíamos propuesto el resto», dijo el popular Martín Fernández Prado.
El Ayuntamiento está analizando el estado del edificio y preparando el proyecto que, aclaró Varela, se hará con personal propio, no mediante el concurso de ideas que proponía el anterior gobierno local. El BNG se felicitó por su parte por el cambio y el PSOE destacó el carácter prioritario de la actuación. Todos pidieron que las obras afecten lo menos posible a los placeros y el PP urgió a que se ponga en marcha cuanto antes, lamentando, dijo Fernández Prado, que se hayan perdido cuatro meses.
El otro punto del orden del día era la respuesta a las alegaciones a la aprobación de la plantilla que presentó el PP y que finalmente fueron rechazadas con los votos del BNG y la Marea y la abstención del PSOE.
La concejala popular, Rosa Gallego, acusó al gobierno local de «gestión chapucera», no por aprobar los sueldos de los asesores, sino porque estos no se habían asimilado a las categorías funcionariales existentes, lo que creaba ciertos desajustes. Gallego aprovechó para recordar que el ahorro en personal de la Marea no era tal. «Han cesado a 5 jefes de servicio y al asistente de alcaldía. No van a dejar títere con cabeza y solo llevamos 4 meses. Cada jefe de servicio cobra 57.000 al año, esos nombramientos suman 1 millón en cuatro años. Dijeron que no iban a tener altos cargos y ya tienen tres: 180.000 euros al año. Casi 2 millones en cuatro años en total. Elimine esas vacantes», pidió la edila.
Por su parte, la concejala Eugenia Vieito recordó que el mayor número de altos cargos se alcanzó durante el anterior mandato, y aseguró que se ahorrará medio millón al año en nóminas. En cuanto a las alegaciones, se remitió a los informes de la asesoría jurídica que reconocía la legalidad de los pasos dados.