Dos años después de ser detenido, el empresario coruñés Gerardo Crespo por fin declarará ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6, que es la encargada de llevar el caso de la operación Zeta, una supuesta trama que consistía en solicitar y recibir subvenciones para la formación o el empleo sin realizar los cursos o realizarlos mal.
Gerardo Crespo, defendido por el penalista Ramón Sierra y considerado como el cabecilla de la presunta trama, se ha acogido hasta ahora a su derecho a no declarar, pues la instrucción estaba en marcha y faltaban informes de la Agencia Tributaria. El jueves declarará Eliseo Calviño, presidente de los autónomos gallegos, al que la policía acusa de inventarse asociaciones o llenar algunas de socios ficticios, junto a Crespo, para acceder a las subvenciones.
La causa, en la que están como investigadas 30 personas, entre ellas ex altos cargos de la Xunta, se sigue por los supuestos delitos de fraude de subvenciones o estafa y malversación de caudales públicos, además de otros delitos conexos como falsedad documental, cohecho y blanqueo.