La concejala de Xustiza Social advierte a la empresa que debe cumplir el contrato
20 ene 2017 . Actualizado a las 08:21 h.Las trabajadoras de la limpieza de los colegios de la ciudad quieren que el gobierno local rescinda el contrato que ha firmado con la firma Itma, a la que acusan de incumplir el convenio al no subrogar a 13 limpiadoras que hacían sustituciones cuando el lunes empezó a gestionar el servicio.
Las trabajadoras se reunirán hoy por la tarde con la concejala de Xustiza Social, Silvia Cameán, responsable de los centros escolares. Cameán subrayó ayer que han exigido a las empresas que subrogasen a las empleadas del anterior cuadro de personal, de lo contrario se abrirá un proceso de sanción que «pode desembocar na extinción dos contratos».
Las limpiadoras acudieron ayer a María Pita, donde fueron recibidas por la portavoz del PP, Rosa Gallego, que criticó que el ahorro de más de 200.000 euros en el servicio, que Cameán destacó cuando presentó el contrato, se haga «a costa de las trabajadoras». Gallego también exigió al gobierno que reciba a las afectadas, que ayer trataron de ver al alcalde sin éxito. Les dijeron que presentasen un escrito en el registro pidiendo una cita.
Las palabras de la portavoz del PP coinciden con las del secretario general de la federación de servicios de UGT, Juan Manuel Carreira, que defendió que el Ayuntamiento ahorre «na xestión, pero non a costa das traballadoras». El sindicato envió ayer una carta a la empresa Itma en la que insiste en que tenían la obligación de subrogar a las 13 operarias, la misiva exige la readmisión inmediata de todas ellas. Además, UGT tiene hoy tiene previsto presentar una denuncia en la Inspección de Trabajo.
También el socialista José Manuel García exigió al gobierno local que defienda los derechos de las trabajadoras afectadas.
La gerente de Itma
Por su parte, la gerente del grupo Itma, Sonia Fernández, insistió en que la empresa ha respetado «de forma escrupulosa» la subrogación de los 78 empleados que figuran en el listado de trabajadores incluido en los pliegos técnicos de contrato. Cabe señalar que ninguna de las trabajadoras que hacían sustituciones fueron incluidas en esa relación. Fernández aseguró que hay un grupo de ocho empleadas, no de 13 como denuncian el colectivo y UGT, que fueron contratadas por la anterior adjudicataria, la empresa Maga, en los días previos al relevo en la concesión.
Según señaló, Maga, que en el concurso de adjudicación quedó situada justo por detrás de Itma por una escasa diferencia económica en la empresa, firmó el contrato de algunas de ellas entre los días 9 y 13 de enero, cuando los días 14 y 15 fueron fin de semana y ellos entraron a trabajar el 16, por lo que decidieron no subrogar a cinco operarias. Fernández insistió en que actuaron de acuerdo a la legalidad, ya que solo están obligados a mantener a trabajadores que tengan al menos cuatro meses de antigüedad, un extremo que UGT rechaza.
Las trabajadoras, que denunciaron su caso el lunes en Radio Voz, comparten la postura del sindicato. Señalaron que algunas de ellas sí fueron contratadas durante las últimas semanas, pero insistieron en que llevan trabajando en el servicio desde hace tiempo, muchas desde hace dos o tres años. Además, explicaron que algunos de los contratos firmados durante los últimos días corresponden a bajas ya iniciadas en primavera, aunque por ser de contratos fijos discontinuos no pudieron volver a sus puestos hasta septiembre.
En todo caso, insistieron en recordar que la empresa ha sido denunciada en otros centros de trabajo y en que el gobierno local debe rescindir la adjudicación.
El gobierno tramita la municipalización de las bibliotecas que iba a estar lista hace dos meses
El gobierno local convocó ayer la comisión encargada de «remunicipalizar» el servicio de bibliotecas. Durante el encuentro se acordó solicitar un informe a la intervención y, a instancias del PP, otro al secretario municipal. La portavoz de los conservadores, Rosa Gallego, también instó a que el proceso se desarrolle en colaboración con los trabajadores del servicio, sean empleados de la actual concesionaria o funcionarios municipales. Esa propuesta también fue planteada por el socialista José Manuel Dapena.
El proceso de «remunicipalización» de las bibliotecas acumula un notable retraso. Según los planes del gobierno local debería haber quedado listo el pasado 14 de noviembre, cuando finalizó la última prórroga del contrato.
Sin embargo, dos meses después todavía se están solicitando los informes para iniciar el procedimiento, que ha despertado muchas dudas entre los funcionarios municipales, ya que el servicio, aunque gestionado por una empresa privada, ya es municipal.
Mientras se tramita la «remunicipalización», el Ayuntamiento está pagando el servicio mediante facturas irregulares, ya que no hay un contrato vigente, que deben ser autorizadas una a una por el alcalde, Xulio Ferreiro.
El coste mensual del servicio supera los 200.000 euros, a los que se suman el mantenimiento de zonas verdes (445.000 euros mensuales), la recogida de basuras (848.000 euros), y los servicios del IMCE (52.500 euros al mes), que también están siendo pagados mediante facturas porque han terminado todos los contratos que los regulaban y sus respectivas prórrogas.