Consideran que la Marea infló los ingresos en los presupuestos de este año
31 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La cuestión de confianza sirvió a la Marea para lograr que, al no haber moción de censura, los presupuestos del 2017 quedaran aprobados. Lo están en su fase inicial, pero las cuentas municipales todavía tienen que pasar por el pleno para su aprobación definitiva, y en ese trámite tanto PP como PSOE presentarán alegaciones a las cifras del gobierno local, que cuenta con unos 245 millones de euros para el funcionamiento del Ayuntamiento durante este año.
A diferencia del año pasado, cuando los partidos pudieron introducir modificaciones mediante enmiendas en la fase inicial del trámite de presupuestos, en este caso, ya en el último paso previo a su entrada en vigor, solo caben modificaciones de carácter técnico. En ellas se centran las aportaciones de los dos partidos, basadas en los informes de intervención sobre la propuesta del gobierno local.
En general, lo que ambos partidos quieren cambiar está en la partida de ingresos, pues allí figuran cerca de 10 millones de dudoso cobro, según los peros puestos desde las formaciones.
El PP pide cambios en esas cuentas por un valor total de 5,2 millones de euros. La partida más significativa es la de 4 millones de aportaciones desde la empresa pública Emalcsa a la caja del Ayuntamiento. La portavoz popular, Rosa Gallego, recordó que en el 2016 la compañía logró un superávit de 2,9 millones y este año tiene previsto quedarse en 1,9 millones, por lo que no se pueden presupuestar 4 millones, en línea con los reparos puestos por el interventor.
Pide también que se repongan los 800.000 euros de los convenios con asociaciones suprimidos por la Marea y que se suplementen otros 400.000 euros para las bibliotecas municipales, pues se pone en peligro el servicio, dice, por presupuestar menos del coste del contrato.
Por su parte, los socialistas alegarán para hacer cambios de 5,5 millones de euros en el presupuesto, la mayoría (4,1 millones) en ingresos previstos, puestos en cuestión. Dicen que en el IBI se presupuestan 1,2 millones de más cuando la tasa es la del año pasado y además hay bonificaciones por fraccionamiento de pago, por lo que piden que se anule esa cantidad.
En cuanto al ICIO, también aparece un aumento de ingresos que los socialistas consideran que no se cumplirá, solicitando que se eliminen 1,6 millones de esas previsiones presupuestarias.
En lo tocante a licencias urbanísticas, que han caído un año más, quieren que se eliminen ingresos estimados por 500.000 euros, al igual que otros 100.000 en las licencias de primera ocupación. Además, reclaman que se añadan 1,6 millones para pagar a la Compañía de Tranvías, pues lo previsto, indican, no será suficiente. Si las alegaciones prosperan, el gobierno local deberá rehacer su previsión de gastos con esos cambios.
El BNG, por su parte, no presentará alegaciones en el pleno del próximo día 10, pero exigirá, dice su portavoz, Avia Veira, que el gobierno local «cumpra coa súa palabra de incluír as nosas propostas a través dun modificativo».
Trabajadores de los museos recaban apoyos para evitar irse al paro el próximo día 15
Si el Ayuntamiento no encuentra una solución inmediata, 31 empleados de los museos científicos coruñeses, contratados a través de la empresa Samyl se irán al paro el próximo día 15 al expirar la prórroga del contrato de la concesionaria.
La representante sindical de la plantilla, Susana Blanco, mantuvo encuentros ayer con populares y nacionalistas en busca de apoyos para evitar ese fin. También en Change.org han iniciado una campaña para que el gobierno local defienda sus puestos de trabajo.
Desde el PP criticaron que el alcalde no reciba a la plantilla hasta el día 6, nueve días antes de que acaben en la calle. «Este tema no es prioritario para el regidor», dijo la portavoz, Rosa Gallego, para quien «los que tanto presumen de fomentar el empleo estable deberían de estar todos los días encima para solucionar el conflicto» y para quien el problema, como el de las limpiadoras y los conserjes, surge de que «la Marea no sabe gestionar».
El BNG también se mostró muy crítico. Avia Veira recordó que su grupo lleva advirtiendo del problema que se avecinaba desde noviembre del 2015, y que si no hubo hasta ahora un rescate de la concesión ni una nueva licitación del servicio «é só froito da inacción do executivo local, coas consecuencias que isto terá para os traballadores».
Veira recuerda que Samyl, además, acumula muchas sentencias en contra por «constantes vulneracións dos dereitos fundamentais» de los trabajadores, y exige contundencia y rapidez a la Marea para solucionar el problema laboral.