Cede la competencia de Seguridad Ciudadana a Rocío Fraga y la de Contratación pasa de Eugenia Vieito a Alberto Lema. El edil de Urbanismo tramitará directamente las licencias que no alcancen los 1,2 millones
18 abr 2017 . Actualizado a las 23:28 h.A mes y medio del ecuador del mandato, Xulio Ferreiro firmó ayer un decreto en el que aprueba la reforma de mayor calado en el funcionamiento del gobierno local desde su formación tras las elecciones municipales del 2015.
Una de las patas del documento le afecta directamente, ya que el regidor cede las competencias en materia de Seguridad Ciudadana -que incluyen el mando sobre la Policía Local y los bomberos- a la concejala de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga.
Ferreiro cede así la principal área de gestión que tenía directamente a su cargo, aunque mantiene las competencias de Transparencia y Normalización Lingüística, además de la portavocía del grupo de la Marea Atlántica. Desde que arrancó el mandato, además de Seguridad Ciudadana, el alcalde también transfirió el mando sobre la Oficina Presupuestaria.
El otro cambio incluido en el decreto consiste en que el servicio de Contratación pasa de la concejala de Facenda, María Eugenia Vieito, al titular de Emprego e Empresa, Alberto Lema. Aun así, Vieito continuará presidiendo las mesas de contratación.
No es una modificación menor, ya que Contratación estuvo ligado durante años a las responsabilidades de gestión económica que en este mandato desempeña Vieito. Todo indica que el cambio pretende liberar de presión el departamento de la titular de Facenda, uno de los más sobrecargados del Ayuntamiento. De hecho, en la remodelación del gobierno aprobada en julio del 2016, Ferreiro ya transfirió tres servicios que estaban bajo el mando de Vieito (Informática, Innovación e Desenvolvemento Tecnolóxico e Interior) a la responsable de Participación e Innovación Democrática, Claudia Delso.
Un decreto por bimestre
Con el de ayer ya son 13 los decretos firmados por el alcalde para atribuir o cambiar competencias de los nueve concejales que conforman su grupo, a los que se suman siete acuerdos aprobados en junta de gobierno.
En esos documentos, además de los cambios ya citados, también se incluyeron las competencias de Mobilidade Sostible, que gestiona Daniel Díaz Grandío, dentro del área de Rexeneración Urbana, que dirige Xiao Varela. De hecho, Varela se ha situado como uno de los hombres fuertes del gobierno local, al ser el único concejal, aparte del propio alcalde, que tiene a sus órdenes más de un director de área -un cargo de confianza con altas responsabilidades-. Se trata de los dos directores con responsabilidades en materia de urbanismo y en políticas de movilidad.
Cambios en las licencias
Pero la reforma del gobierno municipal no se queda en ese decreto. La junta de gobierno se reunirá hoy de forma extraordinaria, poco antes de que el alcalde salga de viaje a China acompañado, entre otros, por el presidente de los empresarios coruñeses, Antonio Fontenla, para dar el visto bueno a otro acuerdo, el octavo en lo que va de mandato, que también reforma las atribuciones del equipo de gobierno local.
El documento que se debatirá consolida los cambios fruto de acuerdos anteriores, pero también incluye novedades para transferir competencias de la junta de gobierno -en la que la oposición tiene voz, pero no voto- a los ediles del gobierno local.
El cambio más evidente es el aprobado en materia de concesión de licencias. A partir de ahora, los concejales tramitarán de forma directa todos los permisos y autorizaciones de sus áreas, además de los actos administrativos relacionados con ellas, como las declaraciones de caducidad, devolución de avales y otros.
Sin embargo, hasta ahora las licencias urbanísticas que requerían la presentación de un proyecto técnico debían pasar por la junta de gobierno. Ahora podrán ser tramitadas directamente por el titular de Urbanismo, Xiao Varela, y solo irán a la junta de gobierno las que tengan un presupuesto de ejecución material superior a 1,2 millones de euros.
El cambio fue interpretado por la oposición como una forma de «enmascarar» la lentitud en la concesión de licencias y un ataque a la transparencia municipal, ya que todos los partidos tienen acceso a la documentación de la junta -de forma que hasta ahora podían contar las que se tramitaban mes a mes-, pero ahora deberán solicitar la información de manera específica, ya que la mayoría de las licencias urbanísticas que se tramitan no alcanzan el citado umbral de 1,2 millones de euros, que fue calificado de «muy elevado» tanto por socialistas como por populares.