El equipo de Ferreiro sube en las encuestas, sigue en minoría tras rechazar un pacto con el PSOE, tiene conflictos con el Puerto, la Xunta y el Gobierno central, y sigue abriendo nuevos frentes
21 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El 24 de mayo, dos años y un día después de las elecciones que le dieron la alcaldía, Xulio Ferreiro y su gobierno de la Marea Atlántica se adentran en la segunda mitad del mandato. Lo hacen con las encuestas a favor, la última de Sondaxe les da un concejal más, en la misma situación de minoría con la que eligieron gobernar, sin aliados estables en el pleno, enfrentados al Puerto, la Xunta y el Gobierno central que controlan sus predecesores del PP, y con más frentes abiertos que nunca.
La situación política es similar a la que el gobierno local enfrentaba 55 días después de la sesión de investidura, cuando los dos partidos que habían facilitado la investidura de Ferreiro, el PSOE y el BNG, se habían ido alejando de la Marea tras duros enfrentamientos por los sueldos y salarios de la corporación y los primeros cambios en el presupuesto.
Divorcio en la izquierda
Adiós a la confianza del pleno. Desde entonces los lazos entre las fuerzas de izquierda no han dejado de debilitarse. En el último año, la Marea rechazó las ofertas socialistas de gobernar juntos, lo que les daría una amplia mayoría absoluta de 16 ediles sobre 27. Vetó para cualquier acuerdo a la exportavoz del PSOE, Mar Barcón, tensando un más la relación. Más tarde rompió el preacuerdo alcanzado con los socialistas para aprobar los presupuestos, y el alcalde recurrió a una cuestión de confianza. La perdió a manos del PP y el PSOE, que ese día cambió su voto con respecto a la investidura.
La oposición descartó lanzar una moción de censura, pero aún así los presupuestos solo pudieron ser aprobados en mayo, con un retraso de cinco meses, similar al que sufrieron en el 2016.
Paradójicamente, las cuentas salieron adelante con el único voto del PSOE, que así garantizó que se aprobarían las alegaciones que había presentado. La decisión de la Marea de abstenerse en esa votación provocó la ira de los socialistas, que les acusaron de romper el acuerdo que habían alcanzado días antes para reducir el importe de las alegaciones y rechazar parte de las del PP.
El choque con el PP
Relaciones crispadas con otras Administraciones. Si con PSOE y BNG es mala, la relación de la Marea con los populares es pésima, y no solo dentro de María Pita. El gobierno local lleva todo el mandato enfrentado al Puerto, tanto por la titularidad de los terrenos de la Marina y los viejos muelles, como por el plan de esa entidad de subastar La Solana y el hotel Finisterre.
Las peleas con la Xunta. En el caso del Gobierno gallego, la Marea mantiene conflictos con las consellerías de Presidencia, a la que no ha otorgado permiso para abrir las dependencias judiciales de Tabacos por supuestos problemas con la licencia, e Infraestruturas, con la que tiene diferencias tanto en política de vivienda como de transportes, al poner pegas a la entrada en vigor del plan para que los buses interurbanos lleguen al centro, aunque al principio lo respaldó.
También hay roces con Sanidade, que sigue a la espera de un plan para reformar el mercado de Santa Lucía y construir allí un centro de salud. Con el Gobierno central, las principales diferencias se dan con Fomento, ministerio del que depende el Puerto y con el que hubo un largo enfrentamiento por la ampliación de Alfonso Molina, que finalmente se hará siguiendo, con algunos cambios mínimos, los planes originales del ministerio.
Dificultades de gestión
Un 2016 con bajas inversiones y menos licencias. Las dificultades políticas, y la inexperiencia de un gobierno en el que ninguno de sus componentes había desempeñado cargos públicos antes, han desencadenado problemas de gestión. En el 2016 quedaron sin gastar 62 millones de euros. 44 estaban destinados a obras, lo que habría supuesto la creación de unos 2.500 puestos de trabajo directos e indirectos. El Ayuntamiento otorgó la mitad de licencias urbanísticas que en el 2012, el primer año completo del anterior gobierno. La licitación de obras públicas cayó un 46 % en ese ejercicio, provocando quejas de los constructores.
La pérdida de los fondos Eidus. Hubo otros problemas, en octubre se supo que el gobierno local no recibiría ni un euro de los 15 millones a los que optaba en los fondos europeos Eidus. El proyecto había estado dirigido por la concejala de Participación, Claudia Delso, tras la pérdida de los fondos, el alcalde puso al frente del proyecto al titular de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, que se ha convertido en el hombre fuerte del ejecutivo.
Al contrario que su predecesora, Varela reunió al resto de los grupos municipales para diseñar el documento que se presentaría a la segunda convocatoria de los fondos, en la que A Coruña todavía podría obtener financiación, aunque probablemente no llegue a los citados 15 millones de euros. El resultado de la convocatoria todavía se desconoce.
A finales de ese mismo mes de octubre, la Encuesta de Población Activa (EPA) señalaba que A Coruña era la única ciudad gallega que tenía más parados que un año antes. El gobierno local restó validez a los datos, como habían hecho sus predecesores del PP hace años, señalando que la EPA es menos fiable a nivel local que el paro registrado.
El frente urbanístico
Entre Náutica y el Ofimático. En el área de urbanismo, los frentes se han multiplicado. A finales del año pasado, los cooperativistas del Ofimático comenzaron a tener sus pisos terminados. No han podido entrar a vivir en ellos porque el Ayuntamiento no ejecutó las obras de urbanización que preveía tener listas esta primavera y aún no han arrancado.
En febrero se anunció la apertura de expedientes de caducidad a los edificios en construcción en el polígono de Náutica. La decisión provocó un enfrentamiento con los promotores, e incluso con los funcionarios municipales, ya que el edil Xiao Varela llegó a señalar que algunos empresarios se beneficiaban de la «manga ancha» y el «traballo directo» con ellos. Tras ver las alegaciones de las cuatro promotoras implicadas, el gobierno local declaró la caducidad de una.
El gobierno local asegura que los problemas con las licencias urbanísticas están en vías de solución, y que se ha reactivado la licitación de obras públicas.
Las obras del estadio. Pero aunque se licite más, en lo que va de año el Ayuntamiento de A Coruña ha adjudicado obras por valor de 144.000 euros. En el mismo período Vigo ya ha invertido más de 13,5 millones. Entre las obras tramitadas por el gobierno de la ciudad olívica está la reforma de la grada de Río de Balaídos, que resultó dañada en el mismo temporal que causó desperfectos en Riazor. La reforma del estado coruñés todavía está en la fase de anteproyecto. Vigo también tramitó más licencias urbanísticas que A Coruña en el 2016, fueron 243 frente a 567 de la ciudad olívica, una cifra reducida por la falta de plan general.
El frente social
De La Toja a la renta social. La puesta en marcha de la renta social municipal ha sido la medida más importante en ese campo, pero su impacto no está siendo el esperado. Se calculó que se concederían 3.000 prestaciones y la última cifra publicada por el gobierno local es de 52. En materia de chabolismo apenas se han gastado los fondos previstos en el presupuesto del 2016, pero se ha ejecutado la sentencia judicial para tirar la nave de La Toja, vallando la zona para evitar la vuelta de los residentes del poblado.
El Futuro
Más problemas larvados. Además de la renta social o el derribo, el gobierno ha resuelto otro asuntos, como la entrada en funcionamiento de las cámaras de vigilancia del tráfico de la nueva Marina, aunque con un año de retraso, o la colaboración con la Diputación para construir la residencia universitaria en el Calvo Sotelo -abandonando su idea inicial de utilizar el hotel Atlántico-. Pero hay frentes larvados. La municipalización de las bibliotecas, prometida para el año pasado, sigue bloqueada y en otoño se terminarán los fondos para mantenerlas. El personal de los Museos Científicos, un símbolo de la urbe que pierde visitantes de forma sostenida, ya ha amenazado dos veces con ir a la huelga ante la posibilidad de perder sus puestos. Servicios fundamentales, como la recogida de basuras, llevan meses sin un contrato regulador, lo que obligará a legalizar millones de euros en facturas irregulares, la Comandancia de Obras, un edificio cedido al Ayuntamiento, sigue okupada... y el gobierno deberá afrontarlos como hasta hoy, en la minoría que parece haber asumido.