El 4 de octubre del 2004 se firmó el segundo convenio que obliga a vender los muelles
05 oct 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El 4 de octubre del 2004, hace ahora 15 años, se firmó en A Coruña la Madre de todos los Convenios, el famoso acuerdo entre el Ayuntamiento y Fomento para determinar la construcción del puerto exterior y el futuro de la fachada marítima. Madre de todos los Convenios porque en los últimos años mucho se ha hablado de él.
Ese día Magdalena Álvarez, ministra, y Francisco Vázquez, alcalde, rubricaron un pacto que enmendaba en parte otro ligeramente anterior, del 2 de febrero de ese año, en el que estamparon sus firmas el mismo Vázquez, Álvarez-Cascos -antecesor de Magdalena Álvarez en el ministerio-, Alberto Núñez Feijoo -entonces conselleiro- y el alcalde de Arteixo en aquellas fechas, Manuel Pose Miñones.
Los dos textos han dado lugar a una abundante literatura desde entonces y a algunas realidades. La más tangible de ellas es la construcción del puerto exterior. El resto, la integración de los muelles en desuso en la ciudad, sigue esperando.
No se prevé, además, que a corto plazo haya cambios sustanciales, sobre todo porque desde el pasado mandato los célebres convenios del 2004 se convirtieron en algo a combatir.
En esencia, esos documentos establecen que un tercio de los 600 millones previstos para el puerto exterior saldrían de la venta de suelo en el interior. Langosteira salió más caro, pero el papel dice lo que dice, es decir, que del suelo deberían salir 200 millones de euros.
Dicen más, que Batería y Calvo Sotelo aportarán 54.533 metros cuadrados y que allí, tras las cesiones oportunas para dotaciones públicas y espacios públicos, se permitirá uso hotelero, comercial y de oficinas (34.458 metros cuadrados).
En la zona de San Diego, de 376.192 metros cuadrados, tras las cesiones de turno se permitiría un uso residencial de 344.581 metros cuadrados.
Curiosamente, lo que cambia entres los convenios firmados por Álvarez Cascos y Magdalena Álvarez es el porcentaje de vivienda protegida. El popular establecía que fueran 68.916 metros para ese fin en esa zona, y la socialista establecía que debían ser, al menos, 172.290 metros. Esta última cifra supondría que de las más de 4.000 viviendas previstas allí, una cifra superior a 2.000 fueran de protección oficial.
Los pactos del 2004 establecían también otra cosa: que si se hacía la obra y el consistorio no cumplía con su parte, tendría que indemnizar a la Autoridad Portuaria por el exceso de carga financiera asumida por esta. La deuda del puerto, actualmente, alcanza los 300 millones de euros por Langosteira.
El plan Busquets
El puerto exterior y los convenios surgieron a la sombra del Prestige y el Plan Galicia. Tras la firma de esos acuerdos el Ayuntamiento dio los pasos previstos y encargó al arquitecto Joan Busquets un ambicioso plan que se redactó y se presentó en libros y exposiciones.
Nada parecía parar aquella transformación hasta que estalló la crisis en el 2008. Entonces sucedieron dos cosas. La primera fue la certeza de que ya no se podrían obtener los 200 millones previstos por la venta del suelo portuario en un mercado que estaba congelado. No había tampoco mercado posible para unas viviendas cuyo mercado desapareció.
El segundo asunto fue un cambio de sensibilidad sobre ese espacio público. La Marea, durante el anterior mandato, se negó en redondo a permitir ningún tipo de vivienda, ni protegida ni libre. Exigió la cesión de los terrenos sin ofrecer salidas a la deuda del puerto. Con más o menos matices el resto de partido se fueron sumando a esa demanda.
Feijoo, en el 2018, ofreció una salida parcial concreta al embrollo: la Xunta pagaba 20 millones de euros y garantizaba la titularidad pública de La Solana, Batería y Calvo Sotelo. El gobierno local, no invitado a aquel acuerdo, se opuso frontalmente.
Desde entonces se han repetido las demandas y peticiones de que se lo condone la deuda al puerto y se entreguen los terrenos a la ciudad, pero nada se ha movido. La comisión de seguimiento de aquellos convenios jamás se ha reunido y nadie ha propuesto fórmulas alternativas, ni en lo económico ni en lo urbanístico. El PSOE dijo que lo iba a revisar, pero por el momento esa gestión está por hacer.