La ausencia de una partida en los presupuestos para los terrenos de Batería y Calvo Sotelo como consecuencia del pacto PSOE-Marea aplaza sin fecha la devolución de los muelles a los vecinos. Las galerías, guía de la nueva fachada marítima
06 mar 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Tendrá que ser en otro mandato cuando el Ayuntamiento de A Coruña dé el definitivo paso al frente para recuperar los muelles de Batería y Calvo Sotelo para uso y disfrute ciudadano. A poco más de un año de que se celebren las elecciones municipales, el acuerdo entre el PSOE y la Marea para sacar adelante los presupuestos del 2022 pone en cuarentena el compromiso adquirido en septiembre del 2021 por el gobierno de Inés Rey para comprar el 75 % de los muelles interiores pegados al corazón urbano. La Marea no comparte que la Administración local destine fondos públicos a liberar los terrenos portuarios, cuya superficie equivale a ocho plazas de María Pita, y reclama al Estado su devolución gratuita. Así, en la mesa de negociación de los presupuestos, el grupo de oposición hizo valer su rechazo al plan como una de las líneas rojas que no estaba dispuesto a traspasar, y obtenida la conformidad del PSOE, que no se sentó a hablar con ninguna otra fuerza de la corporación, consiguió dejar fuera de las cuentas las partidas para integrar los muelles en la ciudad. Diez años después de la llegada de los primeros buques a Langosteira, las históricas explanadas portuarias por las que pasearon miles de coruñeses continúan cerradas.
El suelo y la norma
Jardines y hoteles. Los muelles de Batería y Calvo Sotelo forman un ángulo recto en el tramo portuario que discurre entre el centro comercial de los Cantones y la plaza de Ourense: Batería, paralelo a la Avenida do Porto y abierto actualmente con motivo de la exposición de Peter Lindberg, y Calvo Sotelo, a continuación, adentrándose en el mar en sentido perpendicular. En total ambos ocupan 88.000 metros cuadrados, casi tres veces los jardines de Méndez Núñez, y de acuerdo con el planeamiento urbanístico en vigor (PXOM del 2013) ofrecen 54.000 metros cuadrados de superficie edificable de uso terciario (comercios, oficinas, hoteles) con alturas de hasta nueve plantas. Nadie considera viable hoy ese aprovechamiento.
«El plan no está mal y se ha respetado bastante, quizá merecería una revisión para reducir el volumen de viviendas, porque deja demasiado suelo residencial en la ciudad, que en aquel momento tenía sentido, eran años muy optimistas, pero ahora no tiene mucha razón de ser», señala un profesor de Arquitectura, favorable a «modificar el planeamiento si es para mejor». Su autor, el urbanista catalán Joan Busquets, recoge en Batería la posibilidad de derribar los edificios de uso portuario para ampliar los jardines «hasta el borde del agua y mejorar las continuidades de peatones».
Esto significa que el plan general autorizaría la demolición de parte de los edificios situados al otro lado de Méndez Núñez, entre Palexco y la Delegación del Gobierno. Y en esta misma zona, el soterramiento del tráfico que circula por la Avenida do Porto, prolongando el túnel de María Pita y O Parrote hasta la plaza de Ourense para crear en la superficie un espacio peatonal continuo de conexión de los jardines con el agua.
Los convenios del 2004
Vender para pagar deuda. La operación para devolver los muelles a la ciudad nació lastrada por un acuerdo anterior que ahora aboca al Ayuntamiento a considerar la compra de los terrenos como única alternativa ante la negativa del Gobierno central a renunciar a su parte. A la sombra del Prestige y el Plan Galicia aprobado por el gobierno de José María Aznar, representantes de las Administraciones estatal, autonómica y local firmaron en febrero y octubre del 2004 dos acuerdos para la construcción del puerto de Langosteira que en esencia establecían que un tercio de los 600 millones de euros previstos entonces (con el tiempo el presupuesto se dispararía) para la construcción de la dársena exterior saldría de la venta de los muelles interiores, cuando las empresas asentadas en Batería, Calvo Sotelo y el enorme San Diego trasladasen su actividad a Langosteira.
Aquellos convenios firmados por el alcalde Vázquez, el entonces conselleiro Feijoo y los ministros Álvarez Cascos y Magdalena Álvarez, fijaban así en 200 millones de euros la cantidad que debía obtenerse de la venta al sector privado del suelo portuario urbano. Detallaban que Batería y Calvo Sotelo aportarían 54.533 metros cuadrados, de los que, descontando la superficie que habría que ceder para las correspondientes dotaciones y espacios públicos, 34.500 metros (el 62 % del suelo) se reservarían para usos hoteleros, comerciales y de oficinas. A Coruña asistía a los inicios del bum de los centros comerciales. Faltaban unos meses para la inauguración de Los Cantones Village donde dos años antes se levantaba la emblemática Estación Marítima que vio marchar a cientos de miles de emigrantes, en cinco años abrirían sus puertas Dolce Vita y Espacio Coruña, y en siete irrumpiría Marineda City.
En el 2022, casi veinte años después de aquel 2004, todas las Administraciones concuerdan en que los acuerdos han quedado obsoletos en lo que se refiere al plan de usos para el borde marítimo. No así para la deuda a pagar. El Gobierno central, que ha condonado los 350 millones que le adeudaba el Consorcio Valencia 2007, la entidad que financió la reforma del puerto mediterráneo para acoger la Copa América de Vela, hace oídos sordos a las reclamaciones de A Coruña.
Feijoo y Rey ofertan
María Pita, el 75 %. Con el plan para urbanizar los muelles descartado por todas las partes y la espada de Damocles de la deuda sin desplazarse un milímetro de las cabezas, en abril del 2018 la Xunta, el Ministerio de Fomento y Puertos del Estado firmaron un protocolo según el cual la Administración central asumía el coste del tren a Langosteira y la autonómica destinaba 20 millones de euros a la compra de Batería y Calvo Sotelo. Aquella iniciativa de Núñez Feijoo resultó, a largo plazo, la fórmula que suscitó mayor consenso para blindar la titularidad pública de los terrenos. La Xunta planteó inicialmente una oferta de compra del 51 % del suelo, pero la reacción del gobierno de Inés Rey, que advirtió de que no pensaba renunciar a la mayoría y reprochó a Feijoo que tratara de aprovechar la debilidad financiera del Puerto para hacerse con un espacio central de la ciudad, movió al presidente gallego a cederle el paso y aceptar finalmente la propuesta que María Pita puso sobre la mesa para poseer el 75 % de los muelles por 15 millones de euros, a abonar entre el 2021 y el 2035, y que Santiago adquiriese el 25 % restante por otros cinco millones. Entre los dos sumarían así los 20 millones de euros en los que la Autoridad Portuaria valoraba los muelles. Y así se acordó el 27 de agosto pasado, en una reunión a tres bandas en la sede del Puerto, el reparto del suelo con algún fleco importante como quién se haría cargo de la urbanización.
Seis meses más tarde, la falta de fondos consignados en los presupuestos municipales para avanzar en la operación y el escaso margen que resta para el final del mandato reducen al mínimo la posibilidad de que el actual gobierno local cumpla su parte del acuerdo. El último cruce de declaraciones entre la alcaldesa y el presidente de la Xunta habla por sí solo de la distancia que se ha abierto entre los dos socios en Batería y Calvo Sotelo. Núñez Feijoo, en la presentación del Plan Estratéxico para Galicia 2022-2030, señaló esta semana que los muelles interiores de A Coruña «son el solomillo de la ciudad» y lamentó que el equipo de gobierno, a cambio del apoyo de la Marea, no haya reservado una partida en las cuentas del 2022 para liberar el suelo. La respuesta de la alcaldesa no se hizo esperar: «Al presidente de la Xunta le cuesta dejar de intentar tutelar los intereses de la ciudad».
