Cristina Fernández-Bessa: «En nombre de la abolición se acaba criminalizando a las prostitutas»

En el título del congreso va la sustancia: «Criminología pública y debates antipunitivistas». Habla de la criminalización de las prostitutas en algunos discursos abolicionistas, de la petición de condenas más duras para los culpables de delitos sexuales y su inutilidad, del descenso de la población encarcelada a nivel mundial y sus causas, de los delitos de odio y la pérdida del pudor democrático, de temas de justicia social que empiezan a emerger por encima del análisis meramente jurídico que abordarán esta semana en A Coruña (Facultade de Dereito, 18 y 19 de mayo) los miembros e invitados del Ecrim, el eminente grupo de la UDC de Criminología, Psicología Jurídica y Justicia Penal en el siglo XXI al que miran investigadores de todo el mundo. Uno de ellos, Cristina Fernández-Bessa, contratada en el programa Ramón y Cajal, llegó a A Coruña en enero pasado y forma parte del comité científico y organizador del congreso. 

—¿Observan un recrudecimiento del punitivismo?

—La situación podemos entenderla no realmente contradictoria, pero sí existen distintas corrientes que van en direcciones opuestas. Por un lado, encontramos un retroceso de los derechos y libertades y un recrudecimiento de los discursos racistas y punitivas, que tienen cada vez más protagonismo en la agenda pública. Ese sentimiento de «esto no se puede decir porque es políticamente incorrecto o no tiene espacio en una democracia» se está perdiendo, ese pudor democrático en relación con el castigo, con la venganza o con entender el castigo como la única respuesta posible ante los problemas sociales. Pero por otro lado, a la vez que encontramos estos discursos políticos en la derecha o la extrema derecha, también aparecen otros más críticos.

—¿Qué defienden?

—En Estados Unidos aparece, por ejemplo, el protagonismo que tuvieron todos los movimientos pidiendo Defund the police (desinvertir en la policía) ante las críticas por el asesinato de George Floyd. Reclamaban reformas en la policía. No vamos a hacer que todos los problemas cotidianos de las ciudades tenga que resolverlos la policía. Vamos a pensar en otras políticas, sociales, que no estén centradas en ese rol policial, que interviene con una detención o una sanción, en ningún caso buscando cuál es la raíz del problema y tratando de solucionarlo.

—Es llamativo el descenso de la cifra de presos. ¿Cuáles son las causas?

—Sí, nos encontramos un descenso generalizado de la población penitenciaria a nivel mundial, en Estados Unidos, Europa y, en concreto, en España. Por múltiples motivos. Uno de ellos es que la criminalidad no aumenta. Nos estamos encontrando con cierto descenso, sobre todo, en la  criminalidad violenta, y eso tiene consecuencias en la población penitenciaria. También se están llevando a cabo otras formas de cumplimiento.

—¿Fuera de la cárcel?

—Quizá no es necesario que las personas con determinadas penas ingresen en prisión. Hay alternativas de cumplimiento penitenciario en comunidad y programas que tienen en cuenta otros valores a la hora de pensar en la reinserción, porque el castigo penal puro y duro no funciona, no reinserta, no previene. Por lo tanto, sí que están apareciendo voces críticas que, ante este diagnóstico, que no funciona, están empezando a poner en práctica otras miradas y otras políticas. Hablan de la expansión del tercer grado para ampliar las posibilidades de cumplir las penas ya no en régimen cerrado, la posibilidad de tener un trabajo, ir a dormir a prisión y participar en una serie de programas.

—¿Se tiende a pensar en el delincuente como un sujeto patológico, reincidente y sin redención? 

—Los delitos más frecuentes son los que comete la «gente común»: delitos económicos, delitos de tráfico, injurias y calumnias. Pero de todos modos solo teniendo contacto con la sociedad las personas condenadas van a poder reinsertarse realmente. Si se piensa en una reinserción dejándolos encerrados y con un ambiente totalmente distinto al que van a encontrar en la sociedad es imposible. Pero también se está apostando por medidas de justicia restaurativa, es decir, por poner en diálogo a las víctimas con las personas que han cometido los actos delictivos. Y pensar qué es lo que necesitan ellas para sentirse resarcidas. A veces no es que el culpable esté muchos años encerrado en prisión sino otro tipo de compensaciones. Un tipo de reconocimiento de los hechos, de la situación de víctima, estar en un programa determinado. Y este tipo de medidas requieren recursos y atención, pero socialmente salimos ganando. 

—¿La preocupación social por la criminalidad también se reduce?

—En los países europeos, por suerte, la política criminal ya no es, como podía ser en los años 80, algo central en la cotidianidad política. Pero no ha habido un cambio profundo. No se han repensado todas estas cosas desde el punto de vista de la justicia social. 

 —¿Se desatiende a las víctimas?

—Hace falta investigar más, discutir más, conocer más y saber realmente cuáles son las consecuencias de las políticas penales punitivas, y cuáles son las de poner en el centro las necesidades de las víctimas. Esto es algo que nos encontramos en relación con uno de los temas centrales del congreso, las críticas al punitivismo en nombre de la salvaguarda de los derechos de las mujeres sin poner atención en cuáles son las necesidades de las mujeres, de las víctimas, en estos casos. A veces son unos servicios de asistencia psicológica o acompañamiento durante estos procesos más que a los culpables se les condene a 2, 5, 6, 7 o 10 años. 

—¿La retórica punitivista propicia el discurso del odio?

—El problema es que la violencia sexual y la violencia de género no se resuelven con penas más duras porque el origen de esta violencia es social. Frecuentemente, quienes cometen estos actos violentos no son personas «desviadas», sino personas normales socializadas en valores comunes. Frente a su inutilidad para prevenir estos delitos, las demandas punitivistas alimentan efectivamente las agendas antisociales y de odio de la extrema derecha y desatienden las necesidades de las víctimas.

—¿Cuáles son?

—Apoyo psicológico y evitar la revictimización que se produce cuando tienen que repetir su testimonio ante las distintas instancias del sistema de justicia, cuando tienen que cumplir con el papel de «buena víctima» e intentar adaptarse a los tiempos y necesidades de los procesos judiciales, independientemente de sus necesidades de recuperación emocional, entre otras.

—¿Cuáles serán las aportaciones del congreso, qué sesiones destaca?

—Sin duda, la sesión plenaria del viernes sobre feminismos antipunitivistas, donde se pondrá en cuestión lo que comentamos. Cómo en nombre del feminismo se han pedido políticas más punitivas sin tener en cuenta realmente las consecuencias que trae eso para las propias mujeres. Cuatro expertas hablarán sobre el tema. Desde cómo las mujeres tienen que ser buenas madres y buenas víctimas y cuando no se corresponden con esos perfiles son cuestionadas; hasta la criminalización de la prostitución y cómo en nombre de la abolición se acaba criminalizando a las mujeres que ofrecen servicios sexuales (su forma de obtener ingresos) y que acaban siendo perseguidas; la experiencia de la reforma de los delitos sexuales y cómo proponer unas sanciones más proporcionales se ha entendido como un ataque a los derechos de las mujeres cuando lo que se pretendía era ser más proporcional y atender otras necesidades, o las posibilidades de justicia de reparación de forma comunitaria o colectiva. 

—En una mesa abordarán las consecuencias de las políticas de vivienda, ¿cómo encaja en la criminología?

—Quizá sea la más original y va más allá de lo que entendemos como el ámbito criminológico. Hablarán sobre el daño social y cómo ciertas políticas de vivienda, la exclusión farmacéutica o la precariedad laboral, de los riders, por ejemplo, a pesar de no entenderse formalmente como delitos ni ser tratados por el sistema penal, afectan a los derechos fundamentales de las personas y deberían contar con una protección. El objetivo es poner todo esto sobre la mesa. 

—En enero pasado, en el acto de presentación de los nuevos investigadores Ramón y Cajal, usted dijo que había elegido la UDC por el Ecrim. ¿Qué lo distingue?

—Realmente es un equipo muy puntero que está haciendo cosas superinteresantes, cuenta con recursos y tiene una proyección internacional que está muy por delante de la que se encuentra en otros grupos que trabajan en facultades de Derecho en el ámbito de la criminología. Por tanto, es un espacio que permite una proyección académica muy importante. Por eso he venido.

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