Un casero de Oleiros: «Me debe cuatro años de alquiler, tiene un Mercedes y encima me amenaza con denunciarme»
A CORUÑA
El propietario de una vivienda denuncia a su inquilina, que se acogió a la moratoria por vulnerabilidad económica
15 ene 2024 . Actualizado a las 11:14 h.«Soy un joven de 28 años que heredó un piso cuya inquilina dejó de pagar la renta y paralizó el desahucio acorde con los criterios del real decreto del 2020, que estableció una moratoria a las personas en situación de vulnerabilidad y que se lleva prolongando hasta la actualidad». Así comienza la petición de auxilio judicial de un casero coruñés que lleva cuatro años en los tribunales intentando demostrar que la arrendataria goza de buena salud económica.
Reconoce que la inquilina, hasta que salió el decreto, le pagó religiosamente. Hasta que dejó de hacerlo en el 2020. El propietario de la vivienda la demandó, pero en abril del 2021 «el desahucio estaba paralizado debido a que los Servicios Sociales de Oleiros emitieron un informe que declara la vulnerabilidad de la unidad familiar de la inquilina, bajo los pretextos de reducción de ingresos por bajas médicas», sostiene el casero, Benito Alonso.
Este alegó que necesitaba hacer uso de la vivienda como residencia habitual, ya que debido a la pandemia «tuve que interrumpir mis estudios de máster universitario en el extranjero y volver a residir en España, en casa de mi madre, con las consecuentes tensiones familiares».
A partir de este momento, el casero requirió periódicamente al juez que se reevaluara la situación de vulnerabilidad de la inquilina como única vía de desbloqueo, «aportando documentación de alternativas habitacionales en la zona a precios más económicos, y pruebas de la inverosimilitud de la realidad económica de la misma, pues estaba en posesión de un mercedes valorado en más de 50.000 euros y de un Seat León que matriculó nada más ser declarada vulnerable». Además, añade el arrendador, que la mujer «declaró a la hija como estudiante universitaria sin ingresos cuando anteriormente los ingresos de la renta me llegaban a su nombre».
Ante cada intento de demostrar ante el juez que la situación de vulnerabilidad no era real y menos relacionada con la pandemia, «se escudó continuamente en el informe de Servicios Sociales».
El casero se reunió con una trabajadora social de Oleiros, que le explicó que «el único trabajo que pueden hacer en el Ayuntamiento para buscar una alternativa habitacional para la inquilina es informarle de cómo presentar su solicitud como demandante de vivienda, cosa que la arrendataria no hace hasta septiembre del 2023, cuando conseguimos que el juez le requiera presentar justificación de ello directamente en el juzgado».
Informe de Servicios Sociales
En julio del año pasado, Servicios Sociales publicó una actualización del informe en el que «declaran la falta de colaboración por parte de la inquilina —renuncia a reuniones presenciales, no responde a comunicaciones...—, y finalmente dictan la imposibilidad de determinar la vulnerabilidad de la unidad familiar por falta de documentación. De hecho, nunca presentaron el certificado de desempleo de la hija —la inquilina alega que no puede obligar a su hija a presentarlo al ser mayor de edad—. Cabe mencionar que la hija es graduada en Derecho y terminó el máster de abogacía con prácticas laborales a principios del año pasado».
En vista de esta nueva actualización, el juez emitió una providencia declarando que «no ve cambios significativos en la realidad económica de la unidad familiar, y determina que sigue en situación de vulnerabilidad, algo que hasta ese momento argumentaba que solo lo podía demostrar Servicios Sociales a través de un informe». Por tanto, a día de hoy continúa la paralización del desahucio.
Durante todo este proceso, el casero intentó llegar a una solución directamente con la inquilina, obviando todo el monto de la deuda a cambio de que simplemente abandone la vivienda, de manera amistosa. «La inquilina no solo se niega a irse, sino que amenaza con denunciarme por coacción», dice el arrendador.
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La Plataforma Contra los Inquiocupas pide un registro de morosos
Por el momento, el Gobierno no lo aprobó, pero la batalla sigue abierta para conseguir un registro en el que aparezcan «las personas que se dedican a alquilar pisos de manera continuada sin pagar las rentas», según Cristina, una de las responsables de la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupas.
«Nos dicen que esa lista negra no puede hacerse porque iría contra la ley de protección de datos, algo que entendemos, pero sería muy beneficiosa para todas esas personas que tienen una vivienda en alquiler y son estafadas por personas que su manera de vivir es cambiar de piso constantemente sin abonar un céntimo de renta y que incluso llegan a coaccionar a los propietarios, pidiéndoles dinero para abandonar el inmueble», añade.
Esta plataforma entiende que hay muchas personas en una situación de riesgo a las que les es imposible hacer frente a las rentas durante un tiempo, pero hay otras que se aprovechan del real decreto que estableció la moratoria.
Burocracia judicial
El lento proceso es uno de los mayores baches para que los inquilinos recuperen su vivienda. «La Justicia es excesivamente lenta, pero el real decreto 11-20 que lleva prorrogándose cada 6 meses durante 4 años y la actual ley de vivienda que sigue la misma filosofía ofrecen especial protección a cualquier persona que diga que es vulnerable, lo sea o no. Entra en un procedimiento burocrático en el que se aporta documentación, esa documentación se valora y los retrasos terminan beneficiando al okupa», explican desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación.