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España ganaría a Noruega si reclama la pensión de los exmarinos

Espe Abuín REDACCIÓN / LA VOZ

SOMOS MAR

Benito Ordóñez

Un estudio anima a la asociación de afectados Long Hope a intentar que el Gobierno denuncie a Oslo por vulneración de los derechos humanos

02 mar 2015 . Actualizado a las 09:10 h.

Habían concertado ya cita en Madrid con un despacho de abogados especializado en derechos humanos cuando los miembros de Long Hope conocieron el trabajo del profesor coruñés Xosé Manuel Carril, una de las voces más expertas y reconocidas en materia del régimen especial del mar.

Carril les pone en bandeja los argumentos jurídicos para ganar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el pulso que llevan décadas sosteniendo con Noruega, a cuyas arcas estuvieron cotizando durante años sin que esas aportaciones diesen derecho a recibir pensión de jubilación. Y sin que, a la vez, esos años trabajados computen a efectos de la Seguridad Social española.

El libro que acaba de publicar Carril Vázquez certifica lo que la asociación Long Hope -que agrupa al colectivo de marineros jubilados que trabajaron antes del 94 en buques mercantes noruegos- venía sosteniendo y que escucharon de boca de la misma Comisión Europea: que Noruega cometió una grave injusticia social al negarles el derecho a pensión por no tener la residencia en suelo noruego, sin tener siquiera en cuenta que un barco es un trozo de tierra flotante del pabellón que ondee.

Bruselas se lava las manos

El profesor de la Facultad de Dereito de la Universidade da Coruña reprocha al Ejecutivo comunitario que se limitase a constatar el problema y, acto seguido, se desentendiera del mismo, asegurando que no es competente para intervenir y emplazando a los Estados implicados a solucionarlo. Que hay discriminación por razón de nacionalidad es, para Carril Vázquez, evidente: «La situación legal de exclusión de los emigrantes gallegos del sistema noruego de Seguridad Social antes de 1994 no acaba de encajar por aquellas fechas en lo establecido por las normas internacionales sobre protección de los derechos humanos, especialmente con los de igualdad de trato y no discriminación por nacionalidad entre trabajadores nacionales y emigrantes». Máxime cuando los marinos noruegos estaban protegidos siempre, trabajasen o no en buques con este pabellón y figurasen en el censo de residentes noruegos o no. Sin embargo, a los extranjeros se les exigía la residencia para poder ser incluidos en el seguro del marino. De otro modo, solo tendrían, como es el caso de los 12.000 afectados, en su mayoría gallegos, cobertura en caso de lesión y subsidio funeral.

Y aun cuando Noruega fue harto cuidadosa y a la hora de ratificar convenios de la OIT en materia laboral solo firmaba aquello que no «pudiese poner en entredicho su normativa interna a propósito de la exclusión de nuestros trabajadores del mar de su sistema de protección social por causa de la residencia», lo cierto es que dejó descubierto el flanco de los derechos humanos, cuyos tratados, convenios y protocolos siempre fue uno de los primeros en firmar: «Debe reconocerse que Noruega es un Estado irreprochablemente modélico desde el punto de vista formal en la promoción y defensa de los derechos humanos», escribe Carril.

Firme apuesta noruega

Ese activismo la llevó a militar en la ONU desde su constitución misma. Es más, su primer secretario general fue el noruego Trygve Halvdan Lie. No es extraño entonces que fuese también de los primeros en apoyar la Declaración Universal de Derechos Humanos, y sus pactos siguientes, que rechazan cualquier discriminación por nacionalidad.

Noruega tampoco escatimó en 1950 su firma al Convenio Europeo de Derechos Humanos -y protocolos siguientes-, sobre el que se cimenta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y cuyo artículo 14 prohíbe cualquier forma de discriminación. Y es amplia la jurisprudencia en la que ese Tribunal «incluye la residencia en la prohibición de discriminación del artículo 14. Lo único que podría desvirtuar esa argumentación es que existiesen «razones de peso», o «consideraciones muy serias» que, desde luego, ni el Ministerio de Trabajo noruego, en respuesta a Long Hope, fue capaz de dar. Al contrario, reconoce esa diferencia de trato.

Así que Carril no hace más que sostener que España y sus marineros jubilados tienen todas las de ganar en Estrasburgo.

Dos vías para alcanzar un mismo fin

Con todo ya en bandeja, es una pena que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no actúe de oficio. Así que no queda más remedio que mojarse y presentar una denuncia.

El trabajo de Carril analiza también las dos vías que existen para exigir a Noruega que repare el agravio y cuál es la más habitual. «Aunque la mayor parte de las demandas presentadas ante el Tribunal Europeo se corresponde con las formalizadas por particulares contra Estados partes del convenio, lo cierto es que la jurisprudencia del citado Tribunal registra también la presencia de demandas interpuestas por unos Estados contra otros», reza el estudio. Por tanto, «cabe la posibilidad legal de que sea España la que pueda denunciar a Noruega por la vulneración de los derechos fundamentales de aquellos trabajadores discriminados por razón de su nacionalidad», continúa.

Y esta es la vía más directa, pues la otra, la de la demanda individual que puede ser presentada por cualquier persona física, oenegé o grupo de particulares que se considere víctima de una violación de derechos, deben cumplir las condiciones de admisibilidad exigidas en el convenio. Y estas pasan por «haber agotado todas las vías judiciales internas en el Estado demandado para darle la oportunidad de reparar a nivel nacional» el atropello de derechos.

Animados por las conclusiones del estudio, los miembros de Long Hope ya han solicitado entrevistas con representantes del Gobierno para sondear la posibilidad de elevar una demanda interestatal, sin renunciar tampoco a la vía de la particular, que, en todo caso, se haría a nombre de la asociación.

Desde luego, todo, menos aparcar el asunto. Los afectados continúan con sus protestas mensuales ante objetivos noruegos. El último: su oficina comercial en España. No en vano mantienen un boicot contra sus productos.