La Ley de Enjuiciamiento y las vistas de conformidad alivian los juzgados

Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial que describen la situación de los juzgados coruñeses siguen siendo malas, pero cada vez lo son menos. Pocas veces se había visto en la última década que se resuelvan más casos de los que entran. El año pasado, según el CGPJ, ingresaron 158.006 asuntos en las cuatro jurisdicciones (penal, civil, social y contencioso) y se sacaron adelante 158.390. Los últimos datos conocidos, que son los del segundo trimestre del año, van en la misma senda. Entraron 1.488 asuntos y se resolvieron 1.586.

No son números para sacar pecho, pues los juzgados tienen que asumir muchísimos más pleitos de los debidos. El propio CGPJ asume que en A Coruña, la mayoría de las salas tienen una carga de trabajo que supera en un 50 % lo recomendado por el máximo órgano judicial. «Por el momento, las cifras solo indican que se va por el buen camino, pero el colapso sigue ahí», según una secretaria judicial.

Esta evolución se debe, en gran parte, a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor el pasado 6 de diciembre y a un mayor número de vistas de conformidad entre la Fiscalía y las defensas.

Límite de seis meses

Todo ello ha modificado la forma de trabajo de fiscales, jueces y abogados al establecer un límite genérico de seis meses para resolver las instrucciones judiciales. También elimina de los juzgados miles de causas que ya no entrarán en el trámite judicial al corresponderse con denuncias de delitos que no tienen un autor conocido.

Desde la modificación de diciembre, la ley obliga a que los delitos de los que se desconoce su autor queden en manos de la policía, que estará obligada a conservarlo y mantenerlo a disposición del fiscal y de la autoridad judicial, aunque «sin enviárselo». Esa medida de no trasladar al juzgado los asuntos sin autor conocido se ha traducido en una disminución del 36 % de las causas que han entrado en los juzgados en el primer trimestre de este año.

En cuanto a las vistas de conformidad, es una opción procesal que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1988 para aquellos casos en los que el imputado, asistido de abogado, quiere dar su conformidad con la acusación planteada siempre y cuando la pena solicitada sea inferior a 6 años de prisión. Lo que se hace con la conformidad es aceptar tanto los hechos que se le imputan como las consecuencias penales que de ellos se derivan. Lo que se consigue es finalizar el procedimiento penal, sin la celebración del juicio oral, mediante la emisión de una sentencia con efecto de cosa juzgada.

Paliar el colapso

Su fundamento se encuentra en el interés de paliar el colapso en el que se encuentran los juzgados porque con ella se consigue dictar sentencia en el sentido de la conformidad sin necesidad de celebrar la fase de juicio oral del proceso penal. Pero no solo se pretende esto, sino que también se busca resocializar al imputado y reparar el daño de la víctima.

Según un convenio de actuación firmado por la Fiscalía y el Consejo de la Abogacía «se aconseja favorecer aquellas salidas anticipadas del proceso que, sin menoscabo de ningún derecho, y dentro del estricto marco de legalidad que la Constitución impone, faciliten una resolución más rápida, menos traumática y, en suma, menos costosa en todos los sentidos del conflicto penal».

En los últimos dos años, en los juzgados coruñeses se han multiplicado estos acuerdos, lo que permite evitar la celebración del juicio oral y aun la propia instrucción, generalmente con la contrapartida de una modificación a la baja de la pretensión punitiva.

El Colegio de Abogados cree que la ciudad necesita ocho salas más

El Colegio de Abogados de A Coruña estima que son necesarios ocho juzgados más, como mínimo, para poder atender «con mayor agilidad» las causas pendientes ante la «saturación» en la demarcación coruñesa «que puede llegar a colapso», según advierte. La entidad colegial, basándose en los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de los últimos años, considera que son necesarios cinco juzgados de Primera Instancia, dos de lo Social y uno de lo Mercantil. La tendencia de los últimos años «ha sido ascendente en el caso de los asuntos tramitados por los juzgados de lo Mercantil», por lo que se ha tenido que «abrir un juzgado de refuerzo. Aún manteniéndolo y contando con tres, cada uno ha tenido una entrada superior a los 350 asuntos.

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