Hace ahora cinco años comenzaba en un edificio de nueva planta de A Moura abandonado por una constructora insolvente una rocambolesca historia protagonizada por una pandilla de okupas que se instalaron un día y familias de Penamoa en pleno plan de erradicación del chabolismo que hicieron lo propio hasta invadir las 52 viviendas del bloque. Los dueños del medio centenar de pisos, que ya habían pagado anticipos, las denuncias en el juzgado, las decenas de patrullas policiales desplazadas a diario, los políticos asegurando que nada podían hacer, las citaciones judiciales por destrozos y las subvenciones reclamadas por los intrusos dilataron la solución. Fue uno de los casos de okupación más dramático de la ciudad en los últimos cinco años.
Cuando se resolvió, en mayo del 2012, un nuevo foco se declaraba en las casas de San José, okupadas por miembros de clanes de la droga desde la marcha de sus legítimos propietarios 15 años atrás. A Moura, San José, A Silva, Santa Lucía y, recientemente, Novo Mesoiro, donde el fenómeno se prolongó durante años, padecieron las peores consecuencias de esta actividad. Y lugares como la calle Touro, todavía refugio de okupas, o edificios de Monte Alto, Visma o el Agra también registraron intrusiones, aunque pasaran desapercibidas. Públicas y sabidas fueron las de un piso de los Mallos desde el que se arrojaban heces a la calle, una casa de Monelos con un cartel de «Se vende» que atrajo a una violenta pareja para terror de los vecinos y en noviembre pasado el edificio de Monte Alto a cuyo portal se encadenó una mujer para denunciar que un grupo se había atrincherado dentro tras cambiar la cerradura.
Con programas de conciertos, conferencias y talleres surgieron también los CSO (Centro Social Okupado) de la Casa das Atochas, el convento de las Oblatas en Santa Gema y el último de la Comandancia. Estos dos son herederos de aquel primer colectivo de activistas que entraron en la casa de la Atocha Alta en marzo del 2008 y, después de rehabilitarla, desarrollaron actividades hasta su desalojo en abril del 2011. Fue posible porque la propietaria, la promotora Pérez Paz, los denunció por un presunto delito de usurpación que desembocó en la puesta en marcha de la maquinaria judicial y la posterior evacuación forzosa. Los precedentes habría que buscarlos en la Casa Encantada de Santiago, la finca Bescansa de Perillo o la Asamblea de Okupas de Ourense.