La orden de derribo de la nave de La Toja lleva tres años sin ejecutarse

Eduardo Eiroa Millares
E. EIroa A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA CIUDAD

CESAR QUIAN

El TSXG alertó en el 2014 del riesgo para las personas en el poblado de A Pasaxe

17 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

En febrero del año 2000 el Ayuntamiento declaró en estado de ruina la antigua nave de La Toja, en el asentamiento de A Pasaxe. Pegadas a sus muros viven media docena de familias a las que la estructura se les puede caer encima en cualquier momento.

Ni la declaración del consistorio de hace ya 17 años ni las diversas sentencias sobre el tema han servido para que, en esencia, cambiase nada en el poblado. El inmueble está hoy más deteriorado que entonces, pero allí siguen viviendo personas sin que se tomen medidas.

Este mes se cumplen tres años desde el fallo del TSXG que alertaba por última vez de la situación. «Hay constancia de que existe riesgo de desplome de la nave, con peligro para todos, y la necesidad de demoler se aprecia a simple vista», decía el tribunal en la sentencia. Ya en fallos anteriores (2012) se hacía referencia al estado del recinto aludiendo al «riesgo evidente de que la nave se desplome».

El caso se embrolló en un proceso judicial sobre los derechos de posesión, pues los chabolistas no quieren abandonar el espacio, en manos de la inmobiliaria Altramud desde el 2002. Sin embargo, los jueces en sus últimos autos no hacen referencia a ese aspecto y tan solo indican que la vieja fábrica de cosméticos debe ser derribada y que mientras duren las obras las personas que viven pegadas a ella deberán ser realojadas, sin impedirles volver después.

Hubo un intento de tirarla en julio del 2013, pero precisamente esos litigios sobre la propiedad paralizaron los trabajos. Quedaban dudas entonces sobre si el desalojo temporal era cosa de la empresa propietaria o del Ayuntamiento. En junio del 2015 el TSXG aclaraba ese extremo y declaraba «la obligación del Ayuntamiento de A Coruña de proceder al desalojo temporal de los referidos ocupantes durante el tiempo en el que se lleven a cabo los trabajos de demolición de la nave litigiosa». La actuación podría llevarse a cabo como mucho en quince días.

Han transcurrido casi dos años desde que el alto tribunal emitiese ese fallo, contra el que no cabía recurso ordinario. El gobierno local comentó entonces que acataría el fallo y haría lo necesario.

Consultado ayer sobre el caso, el Ayuntamiento no ofreció ninguna explicación sobre sus planes para el poblado de la conservera Celta, el segundo mayor asentamiento de la ciudad -con 132 habitantes, por 280 del Campanario y 99 de As Rañas-, pero el que presenta unas condiciones de vida más insalubres. Cerca de medio centenar de menores vive allí entre toneladas de residuos.

El Ayuntamiento, con la asociación Arquitectura sen Fronteiras, presentó en el 2016 su plan para la erradicación del chabolismo, que contaba con empezar a trabajar ese mismo años con entre 20 y 30 familias para buscarles alternativas dignas de vida. Sin embargo, durante el año pasado ni una sola familia abandonó la conservera Celta. Según los datos del consistorio, de los 69.989 euros presupuestados en el 2016 para erradicar el chabolismo, solo se invirtieron 2.332 euros.