La mitad de las instalaciones siguen sin estar legalizadas aunque la norma se aprobó en el 2013
19 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.En el 2013, el gobierno local del PP aprobó, de acuerdo con el sector de la hostelería, una nueva ordenanza para regular la colocación de terrazas en las calles, que desde hacía años estaban descontroladas, lo que causaba problemas de paso en numerosas zonas.
El pasado 9 de febrero, pese a que la normativa lleva años vigente, los bomberos tuvieron enormes dificultades para atender una emergencia en la calle de la Estrella. Las terrazas impidieron el paso de sus vehículos.
Poco ha cambiado desde el 2013. De hecho, cuando se implantó la normativa el Ayuntamiento preveía ingresar más de 260.000 euros por la tasa que pagarían los hosteleros por sus terrazas. Esa cantidad nunca se alcanzó y para este ejercicio, la previsión se queda en 195.000 euros.
Pero algo se ha avanzado. El año pasado, el Ayuntamiento y la Asociación de Hostelería de A Coruña completaron el proceso para legalizar cerca de la mitad de las terrazas de la ciudad, unas 400, pero se trata de las situadas fuera del centro urbano y de sus calles peatonales, en las que ocurren los problemas más graves.
Héctor Cañete, presidente de la asociación de hosteleros, insiste en la preocupación de la entidad porque «a tiro de piedra de la Semana Santa y poco antes del verano», esas calles siguen sin regularizar. Cañete señala además que solo una parte de las terrazas legalizadas durante el 2016 cuentan ya con licencia física. Afirma que «están pendientes de la firma del concejal», Daniel Díaz.
Cañete explica que la situación perjudica sobre todo a los hosteleros que han decidido regularizar su situación, algunos «pagan casi a boleo, haciendo una estimación», pero «no tienen licencia, igual que los que no pagan».
El presidente advierte que «no se puede llevar un negocio pendiente de si aparece la Policía Local», y señala que muchos hosteleros no colocan terraza en su establecimiento por miedo a ser sancionados, lo que durante la temporada alta supone «perder facturación y perder puestos de trabajo, ya que hace falta personal para atender esos espacios».
Cañete señala que la idea del gobierno local de marcar con señales en el suelo las dimensiones de las terrazas podría ser positiva, pero insiste en que «primero nos tendrán que decir qué espacio tiene cada terraza, y para eso hace falta legalizarlas, porque si no saben qué espacio tienen tampoco las pueden delimitar».
Ese problema afectaría a todas las terrazas de las calles peatonales del centro, desde la Franja y la Barrera a Troncoso y la Estrella, donde se produjeron los problemas de paso de los bomberos.
El presidente también recuerda que la entidad planteó hace año y medio varios modelos de mobiliario para unificar las terrazas. Solo en la Marina se ha logrado la uniformidad. En el resto del centro, a pesar de que está previsto un mobiliario específico, sigue sin estar homologado. Esas circunstancias podrían provocar conflictos en el futuro, ya que «se están dando casos de mamparas que una vez instaladas ya no sirven», lo que supone pérdidas económicas para el sector.
La normativa del 2013, que continúa vigente y no ha sido modificada, prevé multas de hasta 1.500 euros por instalar terrazas de forma irregular. La tasa anual por ocupar un metro cuadrado de suelo público asciende a 49,73 euros, aunque durante el primer año se redujo a la mitad para paliar los efectos de la crisis y, si la terraza solo se instala entre los meses de julio a septiembre, el precio del metro cuadrado también se rebaja en un 50 %.
La normativa prevé que, como mínimo, se deje siempre un espacio de un metro y medio para permitir el paso de los transeúntes en las calles peatonales.
Otro problema para los hosteleros es el horario para depositar la basura, que termina a medianoche. Varios han sido sancionados por hacerlo más tarde. Cañete ve «inviable» el horario, ya que muchos restaurantes se ven obligados a «sacar la basura entre los clientes», ya que no pueden guardarla dentro del establecimiento por causas sanitarias.
«Os incumprimentos son continuos»
La portavoz del BNG, Avia Veira, reprochó al gobierno local que está permitiendo «incumprimentos constantes» de la ordenanza aprobada en el 2013. Veira señaló que no hay ni que recorrer 700 metros desde el palacio de María Pita para encontrar calles en las que «unha persoa con problemas de mobilidade» o incluso un vecino que camine «cun carro de bebé non pode transitar cunha mínima normalidade». La portavoz del Bloque recordó que ya advirtieron que se producirían problemas para acceder a esas calles en caso de emergencia, y recordó que la normativa obliga a mantener un espacio de paso mínimo. Veira, que también reiteró las críticas de su grupo a la normativa del PP, cuando advirtieron que causaría inseguridad jurídica, se preguntó hasta qué momento está dispuesto el actual gobierno local a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de los vecinos y su derecho a transitar por la calle.
«A data límite para a concellería é o verán»
Desde el gobierno explican que se está redactando el pliego de condiciones para marcar en las calles los espacios que pueden ocupar las terrazas. Está previsto que el documento quede listo la próxima semana y se publique en el perfil del contratante. Esperan que los plazos sean rápidos, ya que se trata de un contrato que no alcanza los 18.000 euros, lo que permitirá aplicar criterios de valoración más rápidos, centrados en la parte económica y en el tiempo de ejecución del trabajo.
La firma adjudicataria del contrato será responsable de medir las terrazas y marcarlas en el suelo, para lo que se utilizarán solapas de unos seis centímetros de diámetro que irán pegadas al suelo, sin anclajes, y facilitarán toda la documentación gráfica necesaria al Ayuntamiento, incluyendo la ubicación y tamaño de las terrazas. El edil de Mobilidade, Daniel Díaz, ha puesto como fecha limite para aplicar esas medidas este verano.
«Han pasado dos años y todo está sin hacer»
La concejala Begoña Freire, que fue la responsable de Movilidad con el anterior gobierno del PP, critica que el actual ejecutivo local «no quiso mantener la planificación que había heredado, y así han pasado dos años de desgobierno con el trabajo sin hacer». El resultado es que se han tomado «cero decisiones» y la gestión de las terrazas se ha convertido en «un caos».
Freire recuerda que el anterior gobierno, tras aprobar la ordenanza vigente, encargó una asistencia técnica que hizo «más de 600 informes» para resolver el expediente de cada terraza. Pero afirma que el gobierno actual «ha sido incapaz de resolver los expedientes», echando así «por tierra» el trabajo del anterior gobierno.
Además, Freire destaca que los planos que la Marea mostró a los hosteleros hace un año para reordenar las calles fueron elaborados en el 2013, y lamentó que en vez de aplicarlos hayan decidido cambiarlos sin que aún se sepa cómo.
«El gobierno tiene que actuar con rigor»
El portavoz del PSOE, José Manuel García, afirma que el Ayuntamiento «tiene que actuar con rigor», y «cumplir y hacer cumplir las ordenanzas municipales y los acuerdos que se han alcanzado con el sector». García recuerda que su partido incluyó en el programa de las elecciones del 2015 la redacción de un plan integral de hostelería, con el fin de «dar respuesta a los problemas del sector», y regular aspectos «que van más allá de las terrazas».
García destaca la importancia de la hostelería para la ciudad, tanto como generador de empleo y riqueza, como por su papel de foco para el turismo. Por lo tanto, insiste en la necesidad de redactar un plan, con la participación del sector, que conjugue los intereses de los hosteleros con los derechos que tienen los ciudadanos.
De esa forma, el sector sabrá a qué atenerse y podrá planear sus inversiones, mientras que el gobierno podrá actuar para garantizar los derechos ciudadanos.