La Sala de lo Social estudió ayer el recurso de casación que pide la nulidad del ERE por el que 172 empleados fueron despedidos
20 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.«Os datos sobre os que se sustentou o peche non puideron ser probados e son en boa parte irrelevantes, tendenciosos e cuestionables». Esto sostienen desde la antigua sección sindical de la CIG en la fábrica de armas. Es uno de los argumentos por los que la central presentó un recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Dicho recurso fue visto ayer y, según fuentes judiciales, el resultado de la deliberación está previsto que se conozca la próxima semana.
De todos modos, esta no es la primera vez que el cierre de las instalaciones de Pedralonga y el despido de los 172 empleados que entonces trabajaban en la misma llega al Tribunal Supremo. Y es que en el mes de enero del 2015 los componentes de dicho órgano vieron el recurso presentado tras la decisión de la Audiencia Nacional en la que se daba por bueno el cierre de la fábrica y el despido de los trabajadores. Los magistrados del Supremo indicaron que había que repetir dicha vista puesto que no habían tenido en cuenta las aportaciones que habían hecho los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.
La repetición no cambió la decisión de la Audiencia Nacional y la nueva sentencia fue prácticamente idéntica a la que ya había adoptado anteriormente.
El actual presidente del comité de empresa de la fábrica, Xabier Rioboo, pertenece al sindicato nacionalista y explicaba ayer que en la demanda presentada «desmóntanse os cinco puntos básicos que se usan como pretexto para o peche da fábrica de armas». Recordaba asimismo que plantean «a readmisión dos 172 traballadores despedidos». También detallaba que mientras en el caso de Trubia, donde sabían que la fábrica iba a continuar funcionando, había una opción real de poder escoger entre una baja incentivada o esperar al despido en el caso de A Coruña «non existía esa opción porque a fábrica pechaba».
Recurso ante Europa
La Asociación 55 Despedidos Fábrica de Trubia presentó una denuncia ante la Comisión Europea en uno de cuyos apartados argumentan que no parece «razonable ni ético que el presidente de la sala que ha de decidir sobre la legalidad o no del expediente de regulación de empleo de General Dynamics Santa Bárbara Sistemas S. A. imparta conferencias presumiblemente pagadas por la empresa que General Dynamics Santa Bárbara Sistemas contrató para cumplir con la obligación de tener un plan de recolocación de los trabajadores despedidos en el mismo expediente de regulación de empleo que tiene que analizar, cursos en los que nuevamente coincide con el abogado de la empresa».
Coincidiendo con la reunión del pleno del Tribunal Supremo, un grupo de extrabajadores de la fábrica de armas vinculados al sindicato UGT se concentraron durante la mañana de ayer en la entrada de las instalaciones. Este colectivo lleva más de tres años insistiendo en que se han cometido una serie de irregularidades en la adjudicación de las instalaciones y que la empresa Hércules de Armamento no está cumpliendo con buena parte de los deberes inherentes a diversos aspectos de la gestión de estas dependencias.
Entre el silencio de Defensa y el ansia de un inversor que no acaba de llegar
«Reiteramos unha vez máis que a fábrica de armas é viábel, que ten as mellores condicións para buscar obra no mercado civil e que de existir vontade política a súa continuidade estaría garantida». Esto asegura la CIG en un comunicado. Desde que las instalaciones fueron adjudicadas a Hércules de Armamento, la espera por la llegada de un inversor ha sido el argumento más repetido por los gestores. Aunque han llegado a barajarse nombres concretos que estarían interesados en invertir en A Coruña ninguno de ellos llegó a concretar su participación. Y mientras tanto, el Ministerio de Defensa ha mantenido un silencio total, también después de la reunión de seguimiento de la concesión.