El presupuesto se atasca en la minoría absoluta

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA CIUDAD

Paco rodríguez

La falta de aliados de la Marea y su decisión de parar la comisión de Facenda dejan a la ciudad igual que en el 2016

26 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

En el 2016, A Coruña fue la tercera ciudad gallega con las peores cifras de empleo de la comunidad. Al cierre del ejercicio, el Ayuntamiento había dejado sin gastar 62 millones de euros, entre ellos 30,7 de los 43,8 millones del capítulo de inversiones. El porcentaje de fondos sin gastar fue el más elevado del último lustro, y provocó críticas tanto de la oposición como de diversas asociaciones empresariales.

Durante meses, el gobierno local señaló que los problemas eran consecuencia de la tardía aprobación del presupuesto. La Marea logró su visto bueno definitivo en el pleno el 23 de mayo, cinco meses después de lo previsto.

Aunque el alcalde admitió que pudieron cometer «algún erro», la Marea responsabilizó a la oposición del retraso. Ferreiro también insistió en que lo ocurrido no podía repetirse en el 2017 y, en noviembre, aseguró que el objetivo era que entrasen en vigor en enero: «Para poder facer os investimentos que esta cidade necesita, temos que ter aprobados os orzamentos en xaneiro».

Pero el escenario se está repitiendo y, en el supuesto más optimista, el presupuesto de este ejercicio entrará en vigor apenas unas semanas antes que el del 2016. El gobierno local, en minoría absoluta con 10 ediles de 27, no tiene ni un aliado estable en el pleno. Lejos de intentar corregir esa situación, rechazó todos los intentos de acercamiento del PSOE, rompió el preacuerdo que había alcanzado con los socialistas para aprobar las cuentas, y recurrió a una cuestión de confianza para sacarlas adelante, pese a no contar con mayoría.

La oposición negó la confianza al alcalde, lo que era previsible dadas las críticas del PP y la ruptura de todos los puentes con el PSOE. Solo respaldó al regidor la portavoz del BNG, Avia Veira, que logró así el compromiso de que el gobierno local aplicaría sus aportaciones a las cuentas.

Veira también advirtió a Ferreiro de que debía negociar con los socialistas, ya que los presupuestos deben volver a pleno para su aprobación definitiva, y antes la oposición puede presentar alegaciones para cambiar el texto.

Nada de negociaciones

Ferreiro se negó a negociar y retó a PP y PSOE a presentar una moción de censura, que era la única vía para evitar la aprobación automática de las cuentas de forma inicial. Socialistas y populares no dieron ese paso. La Marea y el alcalde se jactaron de que no había alternativa a su gobierno, y dieron por hecho que las cuentas entrarían en vigor sin cambio alguno, ya que las alegaciones pueden basarse exclusivamente en criterios técnicos, no políticos.

PP y PSOE, particulares y diversas entidades presentaron sus alegaciones en plazo. El gobierno local tardó tres semanas en informarlas. Para su contrariedad, los técnicos municipales no las rechazaron por completo. La Intervención General del Ayuntamiento, cuyo informe tiene una enorme influencia, solo recomendó rechazar una de las alegaciones de los populares, y dejó la puerta abierta a que el pleno aprobase otras presentadas por ellos y los socialistas que obligarían a mover cerca de 11 millones de euros de los presupuestos.

Tras meses sin negociar nada, el gobierno siguió sin hacerlo. La semana pasada, cuando se conocieron los informes y se convocó la Comisión de Hacienda en la que debían discutirse las alegaciones, el alcalde estuvo de viaje en China. El lunes, la Marea llegó a la comisión como llegó a la de hace un año: en minoría absoluta y con la oposición enfurecida, incluso el BNG advirtió por escrito al regidor de que debía cumplir el acuerdo con ellos, y responsabilizó a su gobierno del déjà vu con respecto al 2016.

Contra el criterio técnico

En la comisión, continuaron las repeticiones. Como ocurrió el año pasado, la Marea intentó plantear una propuesta cerrada, en vez de permitir el voto una a una de las alegaciones. La titular de Facenda, Eugenia Vieito, mantuvo esa postura incluso aunque el secretario del Ayuntamiento, que vela por la legalidad de los actos administrativos, le aconsejó lo contrario. Solo cuando el PP, que ayer calificó la actitud del gobierno local de «chavista» por pretender hurtar competencias al pleno, advirtió que denunciaría en los tribunales se produjo un cambio, y la concejala decidió levantar la reunión y pedir un informe escrito al secretario.

Ahora será preciso esperar a ese informe, volver a celebrar la comisión y convocar el pleno para aprobar los presupuestos. No entrarán en vigor hasta bien entrado mayo, en el citado escenario más optimista, que se parece de forma inquietante al del 2016, que tanto ha lastrado a la ciudad.