El gobierno local pidió prestados a la banca 41,3 millones en dos años

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA CIUDAD

MARCOS MÍGUEZ

Al cierre de este ejercicio la deuda ascenderá a 95 millones, seis más que en el 2016

12 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

En dos años, el gobierno local ha pedido prestados 41,3 millones a la banca con el fin de pagar facturas o ejecutar nuevas inversiones. El último crédito, anunciado el pasado mes de mayo, asciende a 8,65 millones de euros, que se dedicarán a financiar proyectos incluidos en el presupuesto.

A finales de este ejercicio, teniendo en cuenta ese préstamo, la deuda formalizada ascenderá a 95,1 millones de euros, seis millones más que al cierre del 2016.

Así, el pasivo del Ayuntamiento al cierre de este ejercicio se aproximará, aunque sigue siendo menor, al registrado a finales del mandato anterior. Baste recordar que el 2015 se cerró con un endeudamiento de 99,3 millones.

En todo caso, la deuda municipal, tanto entonces como ahora, está situada muy por debajo de los máximos que marca la ley, que en el caso de A Coruña se sitúan en los 180 millones de euros.

Ahora bien, el incremento de este año ha amortiguado la reducción del endeudamiento lograda en el 2016, cuando se situó al cierre del año en 89,9 millones.

Esa bajada se logró mediante la petición de un crédito de 61,9 millones de euros para refinanciar la deuda contraída durante los ejercicios entre el 2006 y el 2014.

Durante todos aquellos años se había solicitado un crédito anual para financiar las inversiones municipales que osciló entre los 11,45 y los 13,34 millones.

Esa costumbre se ha mantenido con el actual gobierno, aunque el importe de los préstamos se ha reducido. El que se pidió en el 2016 ascendía a 9,33 millones de euros, mientras que el previsto este año es de 8,65 millones.

Además, en el 2015, el gobierno local pidió otro préstamo de 11 millones de euros con el fin de aliviar los problemas de liquidez temporales que atravesó el Ayuntamiento en esas fechas, unas dificultades habituales, ya que la mayor parte de los impuestos municipales se cobran en la segunda mitad del ejercicio.

El ejecutivo recurrió a solicitar el préstamo tras denunciar que sus predecesores del PP no habían sido «prudentes» en la gestión económica, ya que el porcentaje de ejecución de los gastos (31,04 %) era superior al de los ingresos (23,52 %).

Pese a quejarse por la supuesta mala situación económica heredada -a pesar de que el Ayuntamiento había cerrado el 2014 con superávit- el préstamo pudo ser devuelto de forma íntegra durante ese mismo año y las arcas municipales volvieron a cerrar con superávit el ejercicio.

Los préstamos anuales antes citados se solicitan para financiar las inversiones. Los tres que ha pedido el actual gobierno de la Marea suman 30,3 millones. Esa cantidad se queda muy por debajo de los 44 millones de euros en inversiones que el gobierno local no ejecutó en el 2016. Es decir, los fondos se solicitaron, pero no se llegaron a gastar. Incluso si se añadiesen los 11 millones del crédito para pagar facturas no se alcanzaría la citada cantidad.

Ese dato todavía es más llamativo si se tiene en cuenta que, además de los 44 millones de las inversiones, el gobierno local dejó sin ejecutar 18 millones en otros conceptos de gasto.

Esas estadísticas situaron el 2016 como el año con la ejecución presupuestaria más baja del último lustro, lo que ha repercutido en la inversión en obra pública y, según las asociaciones empresariales, en la creación de empleo y en la actividad económica de toda la ciudad en general.

El pago de facturas se ralentiza, pero sigue por debajo del margen que indica la norma

El Ayuntamiento continúa pagando las facturas que emiten sus proveedores en el plazo de 30 días que marca el Ministerio de Hacienda. El último dato publicado es el del mes de abril, cuando María Pita hizo sus abonos en una media de 26,34 días, por debajo del margen antes citado.

A pesar de todo, la cifra de abril es la peor desde diciembre del año pasado, cuando se liquidaban las facturas en 33 días. A partir de entonces el pago a proveedores se aceleró, y en enero el Ayuntamiento estaba pagando en menos de cuatro días de media. En febrero, esa cifra se elevó a casi doce días; y en marzo volvió a subir hasta los 14 días.