Casi 250 servicios municipales están funcionando con el contrato vencido

La maquinaria municipal funciona con lentitud extrema en A Coruña a la hora de resolver los procesos de contratación que el Ayuntamiento necesita. Lo que en el lenguaje cotidiano se resume en la palabra burocracia es, en el consistorio, un problema de primera magnitud y una de las causas de la parálisis tan criticada durante el anterior mandato.

A ese problema el actual ejecutivo le ha puesto magnitudes. El tiempo medio para resolver un contrato asciende en María Pita a 17 meses, informan desde el consistorio. El concejal de Facenda, José Manuel Lage, considera que la situación es crítica, con expedientes que llevan en marcha desde el año 2016 sin que se hayan resuelto todavía.

Según los cálculos de su concejalía, a 31 de octubre había 245 contratos municipales de servicio pendientes de licitar. Eso supone que otros tantos servicios se están prestando -si se prestan- en precario, sin contrato, con continuas prórrogas al último adjudicatario. El caso más visible y relevante, por la cuantía -unos diez millones de euros al año- es el de la limpieza viaria, al que desde el 1 de enero se le sumará un montante parecido por el tratamiento de la basura en Nostián. Pero hay muchos más, mucho más pequeños, en situación parecida. Por citar algún ejemplo: el suministro de libros para las bibliotecas está en esa situación, como la limpieza de esas mismas bibliotecas, el mantenimiento de puertas automáticas...

Los servicios se siguen prestando, pero no de la forma en que tendría que hacerse y con contratos en vigor. Eso tiene una consecuencia para los ciudadanos, no porque no se limpien las bibliotecas, que sí se limpian, sino por los efectos indirectos de esa manera de funcionar. El Ayuntamiento, para ejecutar sus pagos, ha de contar con el visto bueno del interventor. Si los abonos se hacen fuera de contrato, el funcionario pone reparos y el proceso se dilata.

Esa demora en el pago de facturas tiene consecuencias. La normativa estatal establece que los Ayuntamientos tienen que pagar a proveedores en un plazo máximo de 30 días para poder disponer del superávit que tengan para realizar otras inversiones. Si no se cumple ese requisito -entre otros-, la Administración que no alcanza tal objetivo tiene que destinar el remanente en caja a abonar deuda, cuando la hay. Por ese motivo el consistorio tuvo que destinar, durante el pasado mandato, casi 15 millones de euros del 2018 a amortizar créditos, cuando ese dinero estaba destinado a realizar más de 80 obras en distintos puntos de la ciudad.

La situación creada en A Coruña se debe, entre otras cosas, a la organización del servicio de Contratación del anterior ejecutivo. El nuevo gobierno local decidió remodelar ese departamento para hacerlo más operativo. Entre otras cosas, realizó un inventario de todos los contratos municipales distribuidos en diferentes áreas y estableció un sistema centralizado de contratación -hasta ahora estaba en manos de cada concejalía- para tratar de ganar agilidad. Con todo, la solución no es fácil, y Lage Tuñas avisa de que pueden ser necesarios 12 meses para normalizar el servicio.

El consistorio tiene sin finalizar procesos que empezaron en el 2016

La lista de obras y servicios que han entrado en el departamento de Contratación pero todavía no han salido de él es larga. Hay varios casos del 2016 aún pendientes. Así, la asistencia técnica para estudios de conformación del área metropolitana, sacada a concurso ese año por 490.000 euros, todavía no está firmada, según el gobierno local, que atribuye los retrasos no solo a cuestiones políticas, sino también a cambios en la legislación y otros incidentes. Del 2017 están pendientes, por citar otro caso, la remodelación del área de juegos de As Conchiñas, por 245.700 euros, además de otros trabajos de saneamiento y urbanización. Del año pasado aguardan turno las reformas de la plaza de la Concordia (212.000 euros), entre otros muchos proyectos en la cola municipal.

Más de un año de espera para comprar los chalecos antibalas de la Policía Local

La lista de obras, adquisiciones y servicios para el consistorio que van con retraso es larga. En la misma figuran asuntos como la compra para los agentes de la Policía Local de chalecos antibalas y de protección frente a armas blancas. La previsión de gasto era de 172.300 euros, pero todavía no se ha completado esa compra pese a que está aprobada desde el 2018.

Desde ese mismo año está pendiente el concurso del servicio de mantenimiento biológico y veterinario del Acuario, un contrato que hubo que prorrogar hace unos días, una vez más, con Sermasa, porque el consistorio no ha convocado o cerrado el concurso para esa prestación, que supone 576.000 euros.

Por el mismo motivo se paga también contra factura, es decir, en precario, el servicio de limpieza, conserjería y servicios complementarios del Ágora, por 245.000 euros. La vigilancia, el mantenimiento y la conservación de las instalaciones de bombeo del alcantarillado también tendría que haber salido a concurso, pero no lo ha hecho y el pago de 149.600 euros se realiza, también, sin contrato vigente.

Cuatro años

Hay actuaciones que llevan casi cuatro años a la espera de resolverse. En el 2016 se aprobó el gasto de 179.000 euros para la modernización y mejora de la eficiencia energética del Castrillón, contrato que a 31 de octubre de este año todavía no estaba resuelto.

Del 2017 hay bastantes más, como la mejora del alumbrado en una parte de la ronda de Outeiro o la reurbanización de la calle Victoria Fernández España.

A esa situación de colapso trata de poner freno el ejecutivo, de ahí la reforma del servicio promovida por Lage Tuñas y aprobada la semana pasada.

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