USO acusa al gobierno de A Coruña de «ocultar la falta de control» que ha permitido la trama del STL
A CORUÑA CIUDAD
Reprochan al portavoz, José Manuel Lage, que haya respondido a la oposición advirtiendo que «cando un se mete a remover nos residuos, ten sempre que saber onde pode acabar»
20 may 2023 . Actualizado a las 17:43 h.Veinticuatro horas después de reunirse con la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, para abordar la respuesta del gobierno local de A Coruña a las irregularidades en la concesionaria de limpieza viaria, representantes de la sección sindical de USO han denunciado este viernes que «queda meridianamente claro que los mecanismos de control no fueron realizados con la eficacia y la regularidad mínima exigible».
El sindicato minoritario indica en un comunicado que «por la falta de personal en la concejalía o bien por el conflicto del pasado año con la pseudohuelga que motivó que Inés Rey declarara el estado de emergencia sanitaria, no se pudo realizar el control de calidad que exigen los pliegos» y añade que «la partida presupuestaria destinada para tal fin fue utilizada para sufragar los gastos generados por dicho conflicto».
La central advierte, sin embargo, que existe un «programa de gestión del servicio, que tiene como fin primordial y único la supervisión por parte de la Administración en tiempo real de los servicios que se están realizado día a día», sobre el que no ha obtenido una respuesta clara por parte del equipo de Fontán, denuncia. «Al contrario, se ofrecen explicaciones vacilantes e indeterminadas que nos hace pensar, lamentablemente, que esta valiosa herramienta no ha sido utilizada».
Interpretan los sindicalistas que el camino iniciado por Medio Ambiente conduce al área de Economía e Facenda, presidida por José Manuel Lage Tuñas, al que reprochan su intervención en el pleno del 13 de abril, «puesto que en lugar de arrojar luz y transparencia en esta grave problemática, utilizó su tiempo o más bien, lo perdió, para dar consejos a la oposición con frases tales como "cando un se mete a remover nos residuos, ten sempre que saber onde pode acabar"», esgrimen los portavoces de USO. «Da la sensación de que el objetivo principal de la corporación municipal es tapar y ocultar la falta de control que evidentemente ha permitido que algunos, tal y como públicamente ha salido a la luz, presuntamente se enriquezcan valiéndose de dicha ineficacia y falta de asunción de responsabilidades que como gestores de dinero público tienen encomendadas».
En el último pleno, Lage Tuñas respondió al PP que el gobierno abrió cinco expedientes de penalidades a las concesionarias de limpieza viaria y recogida de residuos. Recordó que la definición del servicio les vino dada por los pliegos elaborados por el ejecutivo anterior, presidido por la Marea Atlántica, y detalló que el 27 de diciembre pasado Medio Ambiente requirió a PreZero de manera ordinaria «información completa da execución do contrato do 2021 [entró en vigor en junio] e do 2022». Y la concesionaria presentó la documentación requerida los días 14 y 23 de marzo últimos, fechó el portavoz.
USO insta en su comunicado a todas las áreas municipales y a la alcaldesa, «dada la extrema gravedad de los hechos ante los que nos encontramos, a que procedan con la premura, seriedad, contundencia y rigor necesarios para llevar este servicio a los estándares de calidad acorde con el precio que los ciudadanos de A Coruña pagan a través de sus impuestos».
El 22 de febrero del 2023, dirigidos por la magistrada de Instrucción número 6 de A Coruña, agentes de policía nacional detuvieron a cuatro personas investigadas por delitos de estafa, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Se trata de Miguel Ángel Sánchez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), inspector jefe de la concesionaria de recogida de residuos y, según la Policía Nacional, cabecilla de la red; Luis Varela, presidente del comité de empresa; Cristina Martínez, directora de la entidad de economía social Imprego y esposa de Sánchez, y Ximena Romero, directora de Inusvalia, un centro especial de empleo dedicado a la inserción laboral de personas con discapacidad.
La trama se habría servido de estas dos últimas firmas, subcontratadas por la concesionaria de limpieza viaria, en manos de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), para manejar la contratación, según los investigadores, con la connivencia de la multinacional. Mordidas de 73 euros mensuales a trabajadores en paro a cambio de empleos eventuales en la UTE, inflamiento en un 1.000 % de la cuota de trabajadores con discapacidad recogida en el pliego que rige la concesión municipal, una huelga pactada entre Sánchez y FCC para rebajar un acuerdo salarial firmado con la plantilla y a la vez mejorar la capacidad de maniobra de la trama, y prácticas de degradación, acoso y amenazas a empleados críticos con el STL son algunas de las denuncias formuladas a este periódico por miembros de la plantilla de ambas concesionarias.
Miguel Ángel Sánchez presidió ayer una asamblea con trabajadores afiliados al STL en Ourense, donde FCC, que comparte la concesionaria de limpieza con Copasa, le habría cedido también su 50 % de las contrataciones. La CIG, mayoritaria en la adjudicataria, solicitó a la Fiscalía en el 2020 la apertura de diligencias por el cobro de mordidas a cambio de empleos, pero la petición fue archivada. Tres años después, al calor de la causa judicial en A Coruña, la central ha vuelto a demandar la actuación de oficio del fiscal.
También ayer en A Coruña la adjudicataria de la recogida, PreZero, canceló su convenio con Inusvalia, que empleaba a cuatro trabajadores en el servicio. Solo uno fue subrogado a la nueva entidad de economía social, Coregal (concesionaria en Santiago, con Urbaser). Antes se desvinculó FCC de la firma dirigida por Ximena Romero, tanto en Ponferrada como en la UTE coruñesa, en ambos centros subrogando a la plantilla a Lares del Norte, una sociedad con sede en Asturias a la que había entregado una subcontrata en la capital berciana.