La Xunta destina 350.200 euros anuales al nuevo juzgado de primera instancia de A Coruña
A CORUÑA CIUDAD
Empezará a funcionar esta semana y tendrá 8 funcionarios
01 abr 2024 . Actualizado a las 18:33 h.El director general de Xustiza, José Tronchoni, visitó este lunes junto con el juez decano de A Coruña, Luis Merino, el nuevo juzgado de Primera Instancia constituido al amparo del Real Decreto de creación de nuevas unidades judiciales.
El juzgado de Primera Instancia nº16 en materia civil contará con 8 plazas de funcionarios ?3 gestores, 4 tramitadores y 1 auxiliar-, que supondrán una aportación de más de 350.200 euros anuales por parte de la Xunta. Las 8 plazas suponen 303.100 euros, más del 86 % del coste total de la puesta en marcha de esta unidad judicial. A esta cuantía se suman 30.000 euros en mobiliario y otros 17.100 de equipación informática necesaria para su correcto funcionamiento.
El Gobierno central concedió a Galicia para este año dos plazas de magistrado -una para la sección segunda de la Audiencia provincial de A Coruña y otra para la sección sexta de la de Pontevedra, con sede en Vigo- ya creadas, además del juzgado de Primera Instancia número 16 de A Coruña, puesto en funcionamiento esta semana. La Xunta señala que de este modo se atendió alguna de las peticiones hechas en el marco de la Comisión Mixta entre la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
La solicitud de la Comisión Mixta incluía la creación de un nuevo juzgado de violencia sobre la mujer en Santiago, con el objetivo de extenderlos en los años posteriores a las demás ciudades, ya que solo A Coruña y Vigo disponen de ellos. También se había pedido un juzgado de Primera Instancia en Ourense, uno del contencioso-administrativo en Santiago, uno de lo Social en Ferrol y juzgados mixtos en los partidos judiciales de Vilagarcía de Arousa, Viveiro, Ribeira y Carballo.
Hace falta aclarar que la Xunta acepta todas las unidades judiciales concedidas por el Ministerio de Justicia cada anualidad reservando la partida presupuestaria correspondiente para asumir el coste de personal de los funcionarios de la Administración de Justicia y la dotación de equipación con el objetivo de que entren en funcionamiento a comienzos de año.