Archivan la causa por detención ilegal contra dos policías locales de A Estrada

Rocío García Martínez
rocío garcía A ESTRADA / LA VOZ

A ESTRADA

Habían sido imputados tras retener a un joven por presunto atentado contra la autoridad

13 ago 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha archivado definitivamente la causa abierta contra dos policías locales de A Estrada por un presunto delito de detención ilegal.

Los hechos que llevaron a los agentes ante el juez se remontan al 10 de abril del año 2015. Esa tarde, cuando los dos policías estaban de servicio, el coche de la patrulla sufrió una colisión menor con otro vehículo en una pista del lugar de Campos, en la parroquia de Guimarei. El choque -registrado en un vial estrecho- se saldó sin más daños que el roce de los espejos retrovisores. No obstante, al bajar del vehículo para tratar de resolver el incidente amistosamente, el asunto no hizo más que complicarse.

Según la versión de los agentes, el joven no entraba en razón, por lo que le fue requerido el DNI y el carné de conducir. El conductor no se los facilitó y, según indican, llegó a insultarles. Llegados a este punto, de acuerdo con la versión de la Policía Local, se le pidió al conductor que apagase el coche y él hizo ademán de arrancar, por lo que uno de los agentes introdujo el brazo para intentar sacar las llaves del contacto del vehículo, que en ese momento arrancó, llegando a arrastrar varios metros al policía antes de darse a la fuga.

Los agentes indican que, tras seguirle la pista, localizaron al joven delante de la casa de sus padres en Guimarei, donde fue detenido y esposado. El agente presuntamente arrastrado por el vehículo en marcha asegura que este incidente le provocó heridas leves de las que tiene parte médico. Por esta razón, los agentes consideran que existió un delito de atentado contra agente de la autoridad. Ese fue el motivo por el que efectuaron la detención.

El joven detenido fue dejado en libertad con cargos por la Guardia Civil tras prestar declaración. Semanas después, presentó una querella contra los dos agentes por un presunto delito de detención ilegal.

Ambas acusaciones cruzadas fueron tratadas en dos procesos independientes. El presunto atentado contra la autoridad fue archivado por el juzgado estradense sin tomar declaración a los agentes y sin que estos -enfrascados en su defensa por la acusación de detención ilegal- recurriesen a instancias mayores.

Sin indicios de criminalidad

La causa por detención ilegal también fue sobreseída provisionalmente por el Juzgado de Instrucción Número 2 de A Estrada el día 19 de octubre del 2015. Sin embargo, en este caso el detenido recurrió a la Audiencia, que ha dado firmeza al archivo decretado en A Estrada.

Un auto dictado por la sección cuatro de la Audiencia Provincial el 18 de abril de este año ha desestimado el recurso de apelación por considerar que no están suficientemente acreditados los hechos. La Audiencia respalda punto por punto las razones que habían llevado a la jueza estradense a archivar la causa contra los policías. Habla de versiones encontradas sin corroboraciones objetivas y sin indicios de criminalidad claros ni suficientes para continuar el procedimiento.

Los agentes, dolidos por el desamparo del gobierno, que no les asistió jurídicamente

Tras el archivo definitivo de la causa, los dos policías locales han querido salir a la palestra para hacer público su malestar por la actuación del gobierno local en este caso. Los agentes se declaran dolidos por la situación de desamparo en la que a su juicio les dejó el gobierno del popular José López Campos, «especialmente en comparación con el caso de otro compañero que también fue imputado y tuvo toda clase de facilidades en el trabajo, mientras que en nuestro caso todo fueron trabas».

Tras la imputación contra los agentes por la presunta detención ilegal, el gobierno descartó la prestación de asistencia jurídica alegando que, de confirmarse, sería un delito cometido por los policías en el ejercicio de sus funciones. Esta misma razón utilizan los agentes para reprochar el desamparo en el que se encontraron. Según aseguran, por ley el Concello debería prestar asistencia jurídica y penal a sus empleados en los conflictos que surjan como consecuencia de la prestación de sus servicios. «Pese al duro trance en que nos encontrábamos en ese momento, que era cuando más necesitábamos el apoyo de la autoridad a la que representamos, se nos negó la defensa jurídica, hecho insólito en este Ayuntamiento, puesto que no era la primera vez que un policía era denunciado por un ciudadano, pero sí la primera que se le negaba la defensa a un policía», explican.

Los agentes agradecen las muestras de apoyo vecinal y el respaldo moral y económico de sus compañeros -que les ayudaron a costear la defensa-. Esperan al menos que ahora que «ha quedado perfectamente claro que nuestro trabajo fue impecable» el gobierno cumpla su palabra y haga efectivo el pago de los gastos de defensa judicial, que le fueron presentados por los agentes la semana pasada.