El acusado actuó junto a otra persona para cambiar 170.000 euros por recortes de papel en un hotel de Madrid, dinero que iba a ser la comisión para vender la firma
25 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Un único acusado se sentará el día 30 de marzo en el banquillo de la Audiencia Provincial de Pontevedra por la estafa a siete socios de la firma Prefabricados Deza Sociedad Cooperativa Galega, con sede en el polígono lalinense de Botos, ocurrida en el 2013. El ministerio fiscal pide una condena de dos años de cárcel para J. B. T., vecino de Ourense cuando se destapó el caso, y uno de los participantes en la trama que supuso la desaparición de 170.000 euros.
La posible venta de la citada sociedad cooperativa de Lalín terminó con ese timo, donde no faltaron ni intermediarios espabilados ni cooperativistas con exceso de confianza e incluso posibles comprados de Alemania y Ucrania. El ourensano juzgado la próxima semana en la Audiencia no fue el único implicado en un caso bautizado como Operación Sabueso por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lalín, que se encargó de la investigación tras presentar la denuncia en A Coruña los socios de Prefabricados Deza. Su detención fue fruto de meses de trabajo, produciéndose en julio del 2014 tras producirse el timo en octubre del año anterior. Incluso hubo colaboración de autoridades extranjeras e gestiones para dar con el intermediario ucraniano implicado en el caso.
El encausado había contactado con el entonces presidente de Prefabricados Deza Sociedad Cooperativa Galega, así como dos de los socios. Se presentó como intermediario de inversores extranjeros para interesarse por la compra de la parcela del polígono de Botos propiedad de la firma, así como de la nave industrial. Después de varias conversaciones y reuniones «con el acusado y con otras dos personas, cuya identidad se desconoce», según refleja el escrito de la Fiscalía, se acordó redactar un contrato de compra-venta. Además suscribieron con J. B. T. en agosto del 2013 un contrato de servicios profesionales, comprometiéndose la empresa a abonarle el 3,5 % del valor escriturado de la propiedad vendida. Los honorarios los percibiría cuando el comprador hubiese sufragado el coste de parcela y nave, estimado en más de 2 millones de euros.
Pero el acusado convenció a los cooperativistas de que se debía comprobar previamente debían comprobar la existencia de efectivo para el primer pago de la comisión, que eran en total 450.000 euros. La sociedad carecía del dinero suficiente y cinco socios aportaron 20.000 euros cada uno, otro 10.000 y un exsocio, 10.000 euros más. El acusado junto a otra persona pidió que se entregase en el hotel Cuzco de Madrid el día 27 de septiembre del 2013, donde le esperaba ese segundo individuo que había ido a Lalín como presunto representante del grupo inversor.
En el hotel este otro implicado fue quien pidió que depositasen 170.000 euros que llevaban en un sobre, lo que hizo un socio, aprovechando entonces para ir al baño y cambiarlo por otro donde solo había 500 euros y recortes de papel. Tras devolver este una vez «comprobado» que había dinero para la comisión, nada más se supo ni del encausado ni de la segunda persona, descubriendo la desagradable sorpresa los cooperativistas un mes después.
La Fiscalía pide para este ourensano dos años de prisión, multa de 1.440 euros e indemnizaciones por 110.000 euros. Eso sí, tras detraer los 500 euros entregados en el sobre del cambiazo.
La firma estaba en el 2013 en un momento delicado por la crisis y con un ERE en marcha
Prefabricados Deza vivía un momento muy delicado cuando se produjo el timo en septiembre del 2013. La sociedad de Botos se dedicaba a elaborar prefabricados de hormigón y la crisis había reducido su negocio. Estaba con Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en marcha por lo que decidió sacar a la venta a través de la Red sus instalaciones. De inicio pedía 3 millones de euros y la oferta captó el interés de ese supuesto intermediario español.
Con esa persona hubo diversos encuentros en Lalín y otras ciudades, para llegar a un principio de acuerdo para vender parcela y naves a un grupo inversor de Ucrania por 2,5 millones. Después se incorporaría a la trama el intermediario ucraniano. Y surgía esa petición de un adelanto de parte de la comisión, que debía ser de 200.000 y quedó en 170.000 euros, pero viendo en persona el dinero. Además de verlo lo «volatilizaron».