Un expediente sancionador contra seis operadoras

f. f. redacción / la voz

ECONOMÍA

18 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

La sombra de la sospecha es bien alargada. Las acusaciones lanzadas el miércoles por el presidente de la Xunta contra las petroleras llegan con algo de retraso. La avanzadilla la tomó el mismísimo ministro de Industria, José Manuel Soria, que se ha convertido, por lo que se ve, en el sorpresivo azote de eléctricas y petroleras. Soria actuó en septiembre del 2012 reuniendo a los reponsables de las principales operadoras del país para advertirles de que estaban apretando las tuercas a los consumidores en exceso. Esto coincidió con un agosto negro, en el que los carburantes alcanzaron máximos históricos, que duraron semanas. Luego, en septiembre, se mantuvieron con la excusa del alza del IVA del 19 al 21 %. Meses más tarde, el Gobierno modificó la ley de hidrocarburos para cortar las ansias económicas de los empresarios y liberalizar más el sector. De esa reforma mana el acortamiento de la duración de los contratos con las estaciones franquiciadas (abanderadas) y la prohibición de recomendar e imponer precios de venta al público, medidas que entrarán en vigor a finales de julio. La actuación gubernamental se vio alentada por el regulador. Las entonces comisiones nacionales de Energía y de Competencia abrieron sendas investigaciones al sector tras emitir varios informes sobre el alineamiento de precios y la aparición del efecto lunes, y meses después, del efecto viernes. El verano pasado incluso se produjeron registros en las sedes de las principales empresas del sector en busca de pruebas de pactos de precios. En la actualidad, la heredera de ambos organismos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia mantiene abierto el expediente e incluso lo ha ampliado a BP. Afecta, además, a Repsol, Cepsa, Disa, Meroil y Galp. Las acusa de presunta coordinación en precios, clientes y condiciones comerciales.