El fin de la renta antigua en comercios anticipa jubilaciones y fuerza traslados

Gabriel Lemos REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Maquieira, en Pontevedra, es uno de los negocios que se han visto obligados a trasladarse.
Maquieira, en Pontevedra, es uno de los negocios que se han visto obligados a trasladarse. Ramón Leiro< / span>

El miedo a no encontrar nuevos arrendatarios allana los pactos para renovar alquileres

23 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

Todo se remonta a 1985, cuando el entonces ministro de Economía, Miguel Boyer, aprobaba un decreto en el que se eliminaba la prórroga obligatoria que regía hasta entonces en los contratos de alquiler, hiriendo de muerte los arrendamientos de renta antigua. Treinta años más tarde, el próximo 1 de enero, llegará el golpe de gracia. Ese día decaerán los alquileres de locales comerciales firmados antes de la entrada en vigor del decreto, salvo en aquellos casos en los que siga al frente del negocio el titular original del contrato o su cónyuge, que son los únicos blindados por ley hasta su fallecimiento o jubilación.

Una situación que, según los cálculos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), amenazaba seriamente el futuro de 200.000 comercios españoles. Cuántos de ellos bajarán definitivamente la persiana antes de las uvas sigue siendo una incógnita, porque las negociaciones son individuales, pero los expertos descartan un cierre masivo de locales que deje desiertos los centros de las ciudades, como se temía hace unos meses.

Finalmente, coinciden, se ha impuesto el realismo. «Si esto ocurre hace diez años, habría habido un importante movimiento y muchos afectados, pero la situación ha cambiado tanto que no va a haber muchos locales que queden vacíos», explica Carmela Lavandeira, abogada y vocal del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, que entiende que la prolongada crisis económica y la atonía del mercado inmobiliario han contribuido a mitigar el impacto de la medida. Primero, «porque muchos de estos locales, que no solo están en el centro de las ciudades sino también en los barrios, no han aguantado la crisis». Y porque en otros ya se habían ido actualizando las rentas y renovando los contratos. Quedan ahora, explica, «aquellos locales que permanecen en una situación obsoleta, que se están renegociando prácticamente todos», porque de no asegurar la continuidad del actual inquilino el dueño podría tener difícil volver a alquilarlo.

«Es bueno que los propietarios se pasen para conocer el estado del inmueble», apunta Alberto Dopico, secretario del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, que también entiende que se ha impuesto la voluntad de pactos salvo en aquellos casos en los que la relación entre arrendador y arrendatario «está muy retorcida» tras años de enfrentamiento a cuenta del alquiler. Además, recuerda que existen condicionantes que pueden frenar el intento de cambiar de inquilino, como la obligación de indemnizar al actual con 18 meses de renta si en el local que ocupaba se monta un negocio análogo, y que por tanto se pueda aprovechar de su clientela, antes de que transcurra un año de la resolución del contrato.

Un nuevo esfuerzo

Aunque se imponga el acuerdo, también habrá cierres. José María Seijas, presidente de los comerciantes gallegos, explica que muchos afectados próximos a la edad de retiro han optado por adelantar unos años su jubilación, especialmente en aquellos casos en los que ningún familiar mostraba intención de continuar con el negocio familiar. «Y otros se trasladan a otro lugar, porque igual pagaban 700 u 800 euros y les subían a más de dos mil», añade Seijas. Mudanzas que, recuerda, suponen un «sobreesfuerzo» para unos comerciantes al límite tras seis años de crisis, que tienen que asumir los gastos de un traslado y la incertidumbre de cómo afectará a su negocio.