El conselleiro de Economía e Industria confía en que la fábrica «haga una puja competitiva» y «abandone el expediente de despido colectivo»
03 sep 2015 . Actualizado a las 18:57 h.El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, confía en que Alcoa «haga una puja competitiva» en la nueva subasta de interrumpibilidad que tendrá lugar mañana y pasado que le permita «salvar su situación» y «abandonar el expediente de despido colectivo». El responsable autonómico se pronunció así tras un acto en Tomiño, donde recordó que, «desde el primer momento, la Xunta se implicó con la situación de las industrias electrointensivas» para «impulsar esta puja extraordinaria». Para Conde este momento «es el decisivo» y «espera que Alcoa, que ya anunció que se presentará, llegue a la subasta con esa capacidad competitiva y que su situación se pueda salvar». El conselleiro explicó que, para eso, el Gobierno central «tiene que mantener los incentivos previstos en los presupuestos» para la interrumpibilidad (550 millones) y «las empresas tienen que poder acudir a la subasta para obtener sus necesidades de retribución de suministro eléctrico». De este modo, las empresas que acudirán a la puja serán las que ya participaron en la primera subasta pero que no consiguieron vender toda su interrumpibilidad. «Somos optimistas», incidió Conde. Solución provisional Mientras, en Asturias, el presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, confía en que Alcoa «solucionará sus problemas» acudiendo a la subasta eléctrica que ha convocado el Gobierno para mañana. En dicha convocatoria la compañía pujará para obtener los megavatios subvencionados que permitan mantener la actividad en A Coruña y Avilés, plantas sobre las que pende un expediente de extinción de 800 empleos. Aún así, Fernández cree que será una solución provisional. «Será por 5 minutos, porque inmediatamente habrá que comenzar a hablar de cómo eso no se vuelve a repetir para Alcoa y otra empresas el próximo año», afirmó en una intervención en Oviedo, en la que cuestionó al Gobierno por «estar sometiendo a las empresas a una especie de silla eléctrica en el que el voltaje es el precio, y si salen vivas vuelven al año siguiente, y se someten a lo mismo».